Para que el público español pueda hacerse una idea de su relevancia, el caso AMIA es el equivalente argentino del 11-M. No sólo porque aquél fue el mayor ataque terrorista de la historia argentina. No sólo porque se acusó del mismo al terrorismo islamista internacional. Hay otras curiosas similitudes, por ejemplo, una desastrosa instrucción judicial, repleta de pruebas falsas y agujeros negros, que atribuyó la autoría material a unos delincuentes comunes envueltos en una mafia policial que luego se demostró nada tenían que ver con la trama.
Lo que sigue es un resumen de la exposición que realizó Nisman acerca del estado actual de las investigaciones y de los trabajos de la Fiscalía.
Recordemos los hechos: la mañana del 18 de julio de 1994 un coche-bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. El edificio, de siete pisos, quedó reducido a escombros. Ochenta y cinco personas, judías y no judías, perdieron la vida, y más de 200 resultaron heridas. Nadie reivindicó el atentado.
Las pistas conducían hacia el terrorismo islámico chií, pero no se hicieron imputaciones concretas. Ante el clamor general, era necesario ofrecer algo al público y a los familiares, que reclamaban justicia. Así que los responsables del sumario decidieron imputar falsamente a unos pelanas, que supuestamente habrían formado la "trama local". ¿Les suena?
Después de 10 años de polémica e interminable instrucción, en septiembre de 2004 se celebró el juicio oral. Todos los sospechosos de la "trama local" fueron absueltos, y se descubrió que había habido enormes irregularidades en la instrucción (sobornos incluidos) para fabricar pruebas e inculpar a miembros de una mafia local cuya única relación con el caso era que habían robado la furgoneta con que posteriormente se cometió el atentado. Una mezcla de incompetencia y de corrupción dejaba impunes a los verdaderos responsables.
La investigación del juez Galeano quedó anulada, éste fue apartado del caso y lo de la AMIA se convirtió, en palabras del fiscal Nisman, en el "paradigma de la impunidad". Buena parte de los implicados en la falsificación de pruebas y el cierre irregular del sumario en el proceso anterior se encuentran hoy procesados.
En febrero de 2005, cuando parecía definitivamente perdida toda posibilidad de procurar justicia a las víctimas, el nuevo presidente argentino, Néstor Kirchner, creó una unidad fiscal especial, al frente de la cual puso a Alberto Nisman. Éste se rodeó de un grupo interdisciplinar, con jóvenes profesionales no contaminados por el proceso anterior, e inició la investigación desde cero, examinando las pruebas disponibles, los archivos clasificados y el descomunal sumario. Se trataba de un titánico esfuerzo de revisión de los cientos de miles de páginas del expediente para establecer líneas de las que poder tirar en la nueva investigación. En primer lugar, intentaron verificar la autoría del presunto conductor de la furgoneta-bomba, Ibrahim Husein Berro, un militante de Hezbolá que, según fuentes oficiales islamistas, habría muerto en el sur del Líbano en un enfrentamiento con las Fuerzas de Defensa de Israel dos meses después del atentado contra la AMIA. Lo cual, de ser cierto, eximía a Hezbolá de la responsabilidad material.
La imputación de Berro se basaba en el reconocimiento facial de una testigo, que se cruzó con la furgoneta momentos antes de que explotase. Nisman localizó a la familia de aquél en Detroit y se entrevistó con el padre, que creía a pie juntillas lo propalado por Hezbolá, esto es, que su hijo había muerto en el Líbano.
El padre de Ibrahim, que ya había perdido un hijo en otro atentado suicida, reconoció, no obstante, que nunca llegó a ver ni a recibir el cuerpo de Ibrahim, y que no sabía nada de éste desde tres meses antes de su supuesto fallecimiento. Ningún miembro de la familia había tenido comunicación con Ibrahim tras el atentado contra la AMIA.
A raíz de unas investigaciones sobre llamadas telefónicas se pudo establecer que el conductor de la furgoneta-bomba provenía de la Triple Frontera, donde Hezbolá cuenta con células durmientes, y que una mezquita próxima a la AMIA hizo las veces de enlace. Otro dato importante es que el móvil investigado sólo estuvo operativo entre el 1 y el 18 de julio, y que desde él se hicieron numerosas llamadas al Líbano y a un locutorio próximo a la AMIA.
La responsabilidad del régimen Teherán se logró establecer gracias a los testimonios de varios disidentes iraníes, ex funcionarios de alto rango, que atribuían la decisión política del atentado contra la AMIA (y de otros, como el perpetrado contra el bar Mikonos, en Alemania, donde murieron cinco disidentes iraníes) al Consejo Supremo de Irán. Nisman revisó minuciosamente el atentado contra el Mikonos y otros de Hezbolá cometidos por esas fechas, y llegó a la conclusión de que los patrones de actuación eran idénticos a los que se siguieron en Buenos Aires.
En resumen, las conclusiones de la fiscalía que dirige Nisman, entregadas al juez tras dos años de investigaciones, fueron que el atentado contra la AMIA fue ejecutado por miembros de Hezbolá a instancias del llamado Comité de Asuntos Especiales, conformado por las más altas autoridades políticas y religiosas iraníes del momento. La embajada iraní en Argentina actuó como enlace, y se ha probado la transferencia de cantidades importantes de dinero en las fechas de preparación del atentado. El grupo operativo entró en Argentina el 1 de julio de 1994 y se marchó horas antes de la matanza. El conductor suicida fue, efectivamente, el libanés Ibrahim Husein Berro. Con esas evidencias, el fiscal solicitó la captura internacional del ex presidente de Irán Alí Abkar Hashemi Rafsanjani, de los entonces ministros iraníes de Relaciones Exteriores y de Información y Seguridad y de otros cinco ex altos funcionarios, entre los que se contaba el ex agregado cultural Moshen Rabbani. El juez aceptó el informe del fiscal y lo cursó a Interpol.
Nisman dedicó la última parte de su conferencia a explicar sus gestiones para lograr que Interpol aceptara las órdenes internacionales de busca y captura contra los responsables iraníes. Interpol, ante la anulación de todo el procedimiento del juez Galeano, había archivado las anteriores peticiones, y hubo que convencerla de que se trataba de un nuevo proceso, esta vez perfectamente asentado en pruebas y en argumentos jurídicos.
En una tensa reunión con el departamento jurídico de Interpol en la que estaban presentes los representante iraníes, Nisman explicó todos los detalles de la nueva investigación y las evidencias disponibles. Ante el asombro de los presentes, los funcionarios iraníes comunicaron a Interpol que si accedía a la solicitud de detención cursada por el Estado argentino exigirían el procesamiento de Nisman... por "difamar" al régimen islamista, un delito grave en la legislación iraní.
Tras estudiar el caso, Interpol accedió a incluir en sus órdenes de búsqueda internacional a seis de los ocho reclamados por la Fiscalía argentina, mencionando explícitamente el trabajo concienzudo y profesional de Nisman, fundamentado siempre en argumentos jurídicos. Los nombres que no se incluyeron fueron los del ex presidente y los ex ministros, ya que Interpol, por norma, no incluye en sus órdenes de busca y captura a presidentes, para evitar incidentes diplomáticos.
Pese al tiempo transcurrido, el caso AMIA no prescribirá en Argentina, porque está considerado un crimen de lesa humanidad. La suerte que corran las órdenes internacionales de detención ya no dependen de la Fiscalía, ni siquiera del Estado argentino. El régimen de los ayatolás ha enviado a todos los funcionarios imputados a Irán, con el fin de evitar las detenciones, y sigue presionando a Interpol. La oficina que dirige el fiscal Nisman se ha concentrado ahora en el análisis y tratamiento de la totalidad de llamadas que se efectuaron desde y hacia Argentina entre 1991 y 1996, unos 300 millones, con el objeto de localizar posibles elementos locales de la trama.
Nisman finalizó su intervención en la Asociación Hebraica expresando su agradecimiento las facilidades que había recibido del Gobierno de Néstor Kirchner: sin ellas, dijo, habría sido imposible llegar hasta donde se ha llegado.
El trabajo de la Fiscalía ha sido alabado no sólo por la judicatura, sino por grupos de víctimas de AMIA, como Memoria Activa, que se habían mostrado extraordinariamente críticos con el desarrollo del proceso hasta 2005.
En el turno de preguntas se le preguntó por algunas de las objeciones habituales, como los supuestos "informes del Mossad" que, en opinión de sus detractores, guiarían sus trabajos. Nisman negó la mayor, y aseguró que los informes policiales que se han utilizado en el sumario, así como los del FBI (que ayudó a localizar a la familia de Berro en Detroit y en las investigaciones efectuadas en la Triple Frontera), se han contrastado siempre con criterios jurídicos. Negó también que haya recibido presión institucional de Gobierno alguno, salvo de funcionarios iraníes, para que orientase su trabajo en un sentido u otro.
Sobre las críticas de politización del trabajo de la Fiscalía, que provienen sobre todo de la extrema izquierda argentina, Nisman insistió que todo el trabajo realizado por su equipo se basa en pruebas jurídicas concretas y contrastables. Criticó que muchos opinadores no se hayan leído con detenimiento la causa y se opongan a las conclusiones de su trabajo exclusivamente con razonamientos de "oportunidad" política, forzando así un debate extrajurídico. Su único objetivo, afirmó, es establecer las responsabilidades con argumentos judiciales, y dijo que sólo en el terreno judicial admitirá objeciones y críticas.
Como afirma Natan Sharansky, sólo teniendo la suficiente claridad moral para distinguir el bien del mal, la justicia de la barbarie, al margen del "oportunismo" político, se puede hacer frente a esta clase de brutales desafíos que sacuden periódicamente a las sociedades democráticas. Ni la guerra sucia ni la cesión al terrorismo solucionan nada. El empeño de Alberto Nisman por ir hasta el final, siempre con la ley en la mano, le ha supuesto el aplauso de los familiares de las víctimas de AMIA, que reclaman justicia desde hace 12 años, y la difamación de los medios proiraníes, así como algunas amenazas de la extrema izquierda argentina, instalada en un delirio tal que le hace considerar aliados "antiimperialistas" a un régimen tiránico y antisemita (Irán) y a su despiadado brazo armado libanés (Hezbolá).
Con una actitud opuesta a la de los jueces estrella, que nadan siempre a favor de la corriente, la valentía de Alberto Nisman merece el reconocimiento de todas aquellas personas que exigen memoria, dignidad y justicia para las víctimas y que el terrorismo sea perseguido implacablemente por el Estado de Derecho. Ese significado tuvo el caluroso aplauso con que fue despedido Nisman por su público madrileño.