De sobras es conocida la actuación estelar de los integrantes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) con respecto de la adjudicación en territorio catalán de las más de ochenta concesiones radiofónicas en frecuencia modulada.
Me gustaría, antes de entrar a valorar el comportamiento exquisito de tal organismo en defensa de la diversidad y la heterogeneidad en los medios de comunicación catalanes, recordar a quien pueda estar interesado la definición que hace de sí mismo el CAC, como "autoridad independiente de regulación de la comunicación audiovisual de Cataluña que tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados". Esperen, que hay más: "tiene como principios de actuación la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre concurrencia en el sector".
Me da a mi que la Cadena Cope, Unidad Editorial, Vocento o el Grupo Zeta no comparten estas palabras en su totalidad. El problema es que ya no lo van a poder expresar ni en el Gironés ni en el Segrià, por poner sólo algún ejemplo.
Hoy mismo –por ayer– ha comparecido el presidente del Consejo, Josep Maria Carbonell en el Parlament de Catalunya, para defender la independencia de todos los miembros del organismo formulando la siguiente cuestión: "¿ Para ser buen consejero no se tiene que tener ni ideología ni creencia?".
Vamos a ver. Por supuesto que se puede tener "ideología y creencia", pero cuando el 70% de los miembros del CAC han dedicado prácticamente la totalidad de sus trayectorias profesionales a desempeñar funciones públicas designados por una determinada formación política, esa "creencia" se convierte en absoluta dependencia y en un modus vivendi y, por lo tanto, la objetividad y la supuesta autonomía no sólo quedan en entredicho, sino que son del todo anuladas.
Si alguien se toma la molestia de entrar en la apasionante página web del polémico Consejo, podrá ver cómo siete de los diez miembros han sido, en algún período de sus vidas, diputados del PSC, de CiU o de IC-Verds. Y si a este hecho le sumamos que son todos ellos elegidos por la Cámara catalana a propuesta de tres grupos parlamentarios, como mínimo, y por una mayoría de dos tercios, verán como todo vuelve a quedar en casa. Molt nostre i molt casolà, como de costumbre.
Sigamos. Dejando al margen los tintes endogámicos y asfixiantemente locales a los que últimamente nos tienen acostumbrados algunas instituciones catalanas de supuesto reconocido prestigio, podemos encontrar un par de empresas de las que han obtenido dial que se inscribieron en el Registro Mercantil del 14 de febrero con el plazo ya finalizado, llevándolo a cabo una de ellas el día 21 del mismo mes. Y otras cinco en las que la radiodifusión aparece dentro de su objeto social, una vez terminado el plazo y que también, curiosamente, han ganado una frecuencia. Que digo yo que bien, bien, no suena.
Por no hablar de las investigaciones que han puesto en marcha los Mossos d'Esquadra por el aparato de escuchas detectado por los servicios de seguridad en la sala de plenos del Consejo justo antes de iniciarse la reunión en la que se aprobaría definitivamente la concesión de las 83 emisoras de radio. Pues para qué nos vamos a engañar, el asunto chirría un poco.
¿Creencia, Sr. Carbonell? Ojalá la tuvieran. Y más respeto al pluralismo, a la diversidad y a la defensa de la libertad, aspectos ellos fundamentales en nuestra cultura más allá de cualquier ideología.
Porque si realmente nos encontramos ante un organismo supuestamente independiente, estos son los criterios que deberían haber seguido –por primera vez en mucho tiempo– del olvidadoseny, tan empapado por comportamientos escalofriantemente sectarios.