Siempre es una excelente noticia que unos compatriotas que han sido secuestrados ejerciendo unas labores de gran mérito sean liberados, y puedo comprender la felicidad de sus familias, amigos y compañeros. Pero este hecho individual no puede ni debe ocultar un necesario debate sobre cómo deben proceder los estados en estos casos. A mi juicio, tres son las cuestiones que deben abordarse ante este dilema: ¿Es moralmente lícito pagar? ¿Es políticamente correcto? ¿Contribuye a mejorar nuestra posición en la guerra contra el terror, es decir, si es práctico pagar desde el punto de vista de un estado?
Desde el lado de la moral no es admisible que un gobierno retribuya con un precio o premio al que comete un delito. Es un imperativo que toda transgresión de la ley debe conllevar un castigo y no una retribución. En el estado de derecho no es posible premiar al incumplidor, porque entonces ¿qué podría pensar un defraudador de hacienda; un corrupto, un ladrón o un traficantes de niñas? Si introducimos un criterio de conveniencia en la persecución de los delitos, estamos abriendo de par en par las puertas de la jungla; sería el final de la civilización. No importa que sea difícil capturar al delincuente; no importa que puedan incurrirse en otros daños; dejar de imponer la ley está fuera del alcance moral de cualquier persona o gobierno.
La sociedad española ha sufrido muchas muertes de compatriotas que podrían haberse salvado si se hubiera aplicado el mismo criterio de conveniencia. ¿Cómo un estado puede decidir de forma arbitraria quién debe ser morir y quién debe ser salvado? La respuesta es que no puede ni debe. Un estado que defiende la legalidad y la aplica con igualdad a todos sus ciudadanos, no puede convertirse en el culpable de lo que pueda acontecer a nuestros ciudadanos por la acción terrorista o delictiva de terceros. La responsabilidad única y máxima del estado es cumplir y hacer cumplir la ley; y este principio no puede tener excepciones. La única razón para saltarse la ley es un conflicto de bienes jurídicos que la propia ley regula cómo debe solventarse, de manera que ni siquiera en este caso, el estado se salta la ley.
Un gobierno podría salvar muchas vidas con dinero; no sólo los secuestrados sino los que pueden someterse a determinados tratamientos médicos que son muy costosos; los que mueren de inanición en muchos lugares del mundo. Si el conflicto fuera la vida de tres personas frente a un coste económico, entonces el estado debería dedicar todos los recursos a salvar vidas, y ya no tendría que hacer mucho más, porque ni siquiera con todos los recursos se podría alcanzar este objetivo. En definitiva, desde el punto de vista moral no está justificado premiar al delincuente por grande y bueno que sea el resultado, como lo es salvar vidas.
La segunda cuestión es si es políticamente correcto o conveniente. El 24 de junio de 2015 el presidente Obama dio un cambio radical a la política del gobierno de Estados Unidos frente a los secuestros al afirmar que el gobierno dejaría de perseguir a los familiares de secuestrados que pagasen rescates a los captores. En el fondo, vino a cambiar una política que era totalmente diferente de la débil Europa que financiaba a terroristas frente a los países que nunca pagan aunque suponga la muerte de compatriotas. Este anuncio se produjo tras la decapitación pública de James Foley y en febrero de 2015 de la joven de 26 años Katy Muller, capturada por el Estado Islámico. Su padre mostraba su frustración frente a la Casa Blanca que sí había pagado rescate por la liberación de soldados secuestrados, práctica habitual del gobierno de Estados Unidos.
Desde un punto de vista político, el secuestro y posterior asesinato de un compatriota cuando se pueden tener los medios para evitarlo, no es una cuestión fácil de resolver. El gobierno debe meditar el impacto en la sociedad de estos hechos y hacer una valoración muy especial. Sin embargo, a mi juicio, estas acciones de pagar un rescate debilitan la acción política de un gobierno que tiene cientos de españoles civiles y militares en zonas de conflicto y hoy son objetivos más valiosos. Transmite un mensaje a la sociedad de que se puede comprar la libertad y la seguridad; que solo basta con mirarles a los ojos y llenarles la cartera para que atenten en otros lugares. Y esto no es real ni posible; la libertad y la seguridad se gana con muerte y mucho esfuerzo y no solo pagando un ticket. Durante treinta años ETA nos puso un ticket encima de la mesa y ningún gobierno aceptó, y no porque no pudiera pagarlo, sino porque era consciente de que no estábamos ganando nada, ni la paz ni la seguridad. Lamentablemente gobernar es tomar decisiones que cuestan vidas; no todo es color de rosa. Hasta el Nobel de la Paz Obama decide cada día a cuántos deben matar los drones para salvar al mundo. La política española almibarada no sirve para el mundo de hoy, y nos condenará a la frustración y a la derrota de nuestros valores. El hecho de que se mantenga secreto el pago de un rescate, que solo permanece en la oscuridad para la población que paga y no para los terroristas, es la prueba palpable de que no se ha obrado de la forma correcta.
Finalmente, pudiera resultar que siendo inmoral y políticamente incorrecto, fuera práctico; es decir que el beneficio para el país o para el gobierno de pagar un rescate fuera positivo. Muchos pueden decir que haber salvado tres vidas justifica desde el punto de vista práctico haber dedicado unos millones de euros a pagar a unos terroristas. Pero esto sólo sería real si tuviéramos la seguridad que los secuestradores van a tomar ese dinero y se van a ir a vivir a un paraíso fiscal donde quizá vayan a poner un chiringuito de playa. Pero si tenemos la duda, razonable, de que ese dinero se va a destinar para pagar otros atentados y producir más muerte, entonces el potencial beneficio práctico desaparecería. Cuando se pagó el rescate del barco español Vega 5 a Al Shabaab, al poco tiempo este grupo asaltaba la Universidad de Garissa en Kenia y mataba a 152 estudiantes. Es decir, la caja que se alimentó del rescate de los españoles mató a otros 152 personas. El único argumento para defender esta actitud sería que la vida de los keniatas valen menos que la de los españoles, pero no me resulta moralmente aceptable.
Lo cierto es que los países europeos han dedicado casi cien millones de euros a pagar rescates mientras que los que recibían ese dinero atentaban en París, Madrid o Bruselas. Lo ocurrido en el Índico es un buen ejemplo, a mi juicio, de cómo proceder. Cuando se sustituyeron los rescates por los buques de la Armada se acabaron los ataques terroristas.
Pero en todo este debate no podemos dejar fuera del discurso la cuestión humanitaria que excede de lo racional. ¿Qué no haría un padre por salvar a su hijo? Todo. Sin duda. Y para ninguna persona con sentimientos es fácil aislarse de este pensamiento. Pero un gobierno no es un padre para sus ciudadanos, y debe pensar en términos colectivos de qué es mejor para todos a largo plazo. Y no encuentro, más allá de la alegría de los liberados y sus familias y el sentimiento compartido de saber que están libres quienes estaban secuestrados, un aspecto que me lleve a pensar que hemos dado un paso en la defensa de la libertad y la seguridad de los españoles, de los europeos y de los propios sirios.
El excelente trabajo de estos periodistas como los de tantos otros, muchos asesinados, debe servir no para que nos quitemos el problema de encima pagando por un trocito de libertad, sino para que comprendamos que debemos terminar con esta guerra, con el régimen que la provocó y con los grupos que quieren sacar provecho de ella. Este es un sacrificio por la libertad que sí es un imperativo moral que tenemos con los seres humanos que nos debe conducir a ser agentes activos de la guerra contra el terror. Si los gobiernos están más preocupados del rédito electoral o de la opinión pública que de eliminar la causa del problema con todo lo que esto conlleva, estará cocinando la rendición de la democracia y la libertad de Occidente. Y este precio no estamos dispuestos a pagarlos una gran mayoría.