La actitud de los representantes del culturetariado subsidiado español es de una indecencia tan manifiesta como impresionante. Lejos de conformarse con obtener prebendas y subsidios que a cualquier otra industria le daría auténtico sonrojo proponer, ahora resulta que, además, pretenden perseguir a los internautas que ejerciten su legítimo derecho a la copia privada, y se dirigen a la Unión Europea para obligar a los prestadores de servicios de internet a que revelen los nombres de los usuarios que han utilizado programas de descarga de ficheros.
Atención a la lectura: tras argumentar incesantemente el apoyo al canon afirmando que era "la única forma de salvaguardar el derecho de los usuarios a la copia privada, que de otra manera debería ser declarada ilegal por no existir mecanismos de compensación a los autores", tras obstinarse en contraponer los ejemplos de países donde no había canon "pero" la descarga estaba perseguida, resulta que ahora, tras obtener su sopa boba y garantizarse unos ingresos que ellos mismos gestionan, parten y reparten a su antojo, quieren además localizar, perseguir, denunciar y procesar a los usuarios que utilizamos programas de intercambio de ficheros para ejercer nuestro derecho a descargar ficheros. A esto se le llama ser cornudo y además apaleado.
Hay dos cualidades del hombre que, por definición, carecen completamente de límites: la ambición y la estupidez. Ambición es lo que caracteriza a quienes, tras obtener un privilegio indecente e indefendible, todavía intentan estirar la cuerda pidiendo más. Estupidez es la idea del canon como "compensación al autor": la mayor falacia conceptual que hayamos visto nunca. ¿A quién se le ocurre que haya que compensar a nadie por el avance tecnológico? ¿Se imaginan que los periódicos se hubiesen puesto a reclamar, tras la llegada de internet, que la red era perjudicial para ellos y que debían ser compensados mediante un canon a los usuarios? Efectivamente, a nadie escapa que la red puede servir para que los usuarios circulen noticias, las comenten, las reproduzcan o las compartan, algo que podría provocar un descenso en las ventas en los quioscos. ¿Se imaginan a las asociaciones de editores indignadas exigiendo al gobierno de turno una compensación? La imagen resulta casi cómica.
Afortunadamente, en lugar de empecinarse en tan absurda reclamación, los periódicos iniciaron la exploración del nuevo medio, se abrieron al mismo, buscaron la comunión de intereses con sus lectores, y hoy en día poseen ediciones electrónicas o se vuelcan en su totalidad a la red y luchan por nuevos modelos de ingresos que les permitan sostener su actividad: nuevos tipos de publicidad que ofrecen ventajas a anunciantes y lectores, nuevas propuestas de valor centradas en las ventajas del medio... No es, sin duda, un camino fácil, pero es el único camino. Y lo están recorriendo sin subsidio alguno y sin dar, en general y salvo excepciones, una voz más alta que otra.
¿Compensar por la existencia de internet? ¿Pero quién puede sostener con seriedad semejante estupidez? Pues efectivamente: han llegado unos con más cara que espalda, se han plantado enfundados en camisetas ante una panda de políticos aquejados de lo peor que le puede ocurrir a un político, que es no saber distinguir el bien y el mal, y los han convencido bajo la amenaza de "echarse a la calle" de que su actividad debía ser compensada. Nada de explorar el medio, de aprender a explotarlo, de ofrecer mejores propuestas de valor, de buscar nuevos modelos... Nada. ¿Para qué? Que nos subsidien, y nos ahorramos sudores.
Pero además nos argumentan que el canon, ese subsidio indecente, es la manera de "proteger a los usuarios", porque así podrán ejercer su derecho de copia privada. Y nos lo dicen mientras, al tiempo, acuden a los tribunales europeos para intentar conseguir los nombres de quienes ejercitamos dicho derecho. Y cuando el Tribunal de Justicia Europeo sentencia que el derecho comunitario no obliga a las empresas de telecomunicaciones a ceder a los titulares de derechos de autor datos de usuario alguno, resulta que todavía pretenden, en un impresionante ejercicio de circularidad, que sea entonces el Gobierno el que las obligue a ello, argumentando que la legislación europea "no prohíbe" a los estados miembros el desarrollo de leyes en ese sentido. Falaz argumento, como "no lo prohíbe", es algo que "debemos hacer": que el mismo Gobierno que les permite meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos y robarles el dinero que iban a emplear en la compra de determinados artículos, los meta además en la cárcel si tras pagar, pretenden utilizar dichos artículos. Total, el Gobierno nunca les dice que no...
El asunto es de una indecencia absoluta: toma canon, pero además, toma persecución. Además de cornudos, apaleados. Además de tener que soportar el asqueroso triunfo de la sinrazón, el expolio del bolsillo del ciudadano y el descrédito de unos políticos que chalanean prebendas millonarias a cambio de apoyos electorales y del "no a la guerra", resulta que ahora pretenden además echarme a la Policía encima por el simple hecho de conectar la mula. Primero, me compensas por lo que puedas hacer con lo que has comprado. Después, si lo haces, te vas a la cárcel. ¿Algo más? ¿Qué será lo siguiente? ¿Exigir favores sexuales a los pobres mortales que escuchemos su música? Tras ver como nuestro Parlamento actuaba en contra de los ciudadanos que lo eligieron y a favor de una minoría de culturetas subsidiados, ahora vemos además cómo los argumentos empleados eran falsos y nos amenazan con la cárcel. Genial. Cornudos y apaleados.