Cuentan los periódicos que los ciudadanos perciben un incremento de la corrupción en España. Y eso a pesar de los cientos de medidas que se han tomado contra ella. Cuentan también que toca en estas fechas renovar el tercio de magistrados del Tribunal Constitucional que elige el Senado. Naturalmente, la Cámara Alta como tal no elige a nadie, sino que son el PP y el PSOE los que los eligen. Para ayudar a ocultar la verdad, en su día se introdujo la posibilidad de que los Parlamentos autonómicos hicieran propuestas, con la idea de que remitieran los nombres previamente acordados en secreto por los partidos. Pero les da pereza ocultar lo obvio y en esta ocasión sólo Baleares y Navarra han propuesto a alguien, sin esperanza alguna de ser escuchadas.
Menos aún se han preocupado de esconder la negociación de la que resultará el presidente del TC durante el próximo período. Existe la tradición de que los magistrados los elijan entre los más antiguos, los que tendrán que cesar en la siguiente renovación. Legalmente son efectivamente los magistrados quienes lo hacen, pero en realidad son los partidos los que negocian el nombre y luego ordenan a sus magistrados votar a quien ellos digan. La oprobiosa realidad se ha hecho más patente si cabe cuando, propuesto por el PP el nombre de Andrés Ollero, el PSOE lo ha rechazado por considerar su perfil excesivamente político. Es como para morirse de la risa. Como si los demás no estuvieran tan a órdenes como pueda estarlo el catedrático sevillano. El caso es que el veto socialista ha obligado a pensar en otro nombre y en esas están.
La publicidad del trapicheo ha ofendido a los magistrados, que han puesto el grito en el cielo viendo que los políticos no hacen nada para ocultar que son ellos los que deciden y que los magistrados se limitan a obedecer. No les disgusta recibir órdenes y tener que obedecerlas. Ni que se sepa. Les fastidia que sea tan evidente. Da vergüenza ajena verlos. Toda España sabe que los magistrados del Tribunal Constitucional votan y defienden lo que los partidos que les pusieron allí les dicen que tienen que votar y defender. Ha habido y hay alguna excepción, que sirve para poder negar la evidencia en alguna ocasión en que es necesario hacerlo. Pero el caso es que el Tribunal Constitucional hace lo que los políticos, según las mayorías del momento, quieren que se haga, a veces incluso en contra del Gobierno, cuando éste así lo exige para corregir sus errores sin tener que reconocerlos. Hoy, ser nombrado magistrado del TC es un baldón que señala al elegido como alguien obediente al poder político; salvo que les engañe, les diga que obedecerá y luego, una vez nombrado, se desdiga. Alguna vez ha pasado, pero el valiente ya sabe que, al final de su mandato, no habrá ninguna recompensa para él. Y a todos les extrañará que la gente crea que España es cada vez más corrupta.