Nuevamente, la Audiencia Nacional recurre a la jurisdicción universal que nuestras leyes le atribuyen para desfacer algún entuerto de los muchos que padecen por ahí fuera. Esta vez, los martillos de la justicia española se han dirigido contra el ex ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer y otros altos funcionarios responsables de haber ordenado un bombardeo para acabar con la vida del terrorista Salah Shehadeh provocando la muerte de civiles inocentes que se encontraban en su proximidad. La responsabilidad deriva del hecho de que los que ordenaron el ataque lo hicieron conscientes de la posibilidad de que en el mismo fallecieran civiles inocentes.
Se trata pues de un caso de imprudencia, en el que el delincuente desea un resultado legítimo (en este caso, dar muerte a un terrorista) pero provoca, por su falta de cuidado, una consecuencia ilegítima (la muerte de civiles inocentes). A lo sumo, podría ser un caso de dolo eventual, donde el que comete el delito asume la probabilidad de que se produzca la consecuencia ilegítima y, no obstante, lleva a cabo el acto legítimo. El juez se equivoca ya que no puede haber jurisdicción universal en la persecución de un delito donde no hay dolo directo, que se da sólo cuando quien lo comete lo hace con el fin de producir el resultado ilícito, en este caso, la muerte de civiles inocentes.
Pero, aunque efectivamente a los israelíes les fuera imputable dicha voluntad, resulta que la Ley Orgánica del Poder judicial no incluye el delito en cuestión entre aquellos para los que la Audiencia Nacional tiene jurisdicción universal. Éstos son el genocidio, el terrorismo, la piratería y otros, pero no los crímenes de guerra o, por seguir la terminología de nuestro Código Penal, los cometidos con ocasión de un conflicto armado. Encima, al tratarse de normas penales, han de interpretarse en favor del reo, y lo que parece que está haciendo el juez Andreu es precisamente lo contrario.
Hasta aquí, unas briznas de la árida discusión leguleya que envuelve al caso. Pero no debe olvidarse que el problema es más bien de naturaleza política. Llevamos muchos años en los que nuestros dirigentes se empeñan en halagarnos diciéndonos que somos los paladines de la justicia universal y vienen dotándonos de leyes para que podamos desenvolvernos como tales. Creen, con razón, que nos gusta vernos como si fuéramos el pueblo más justo y bondadoso de la tierra. Mientras tanto, digan lo que digan en voz alta, fuera de nuestras fronteras nos ven, en el mejor de los casos, como desequilibrados quijotes y, en el peor, como estúpidos payasos.
Podríamos quizá tener alguna credibilidad si tuviéramos un pasado que nos avalara y fuéramos neutrales ideológicamente. Pero ni tenemos ese pasado, ni somos neutrales. Somos la nación que inventó el GAL, una organización terrorista creada y financiada por el Estado y dedicada a secuestrar, torturar y asesinar. Para nuestra vergüenza, hemos indultado a sus principales responsables y quien todos sabemos que fue su máximo jefe ni siquiera ha sido imputado.
Para colmo, tampoco somos neutrales, pues perseguimos sólo a unos y dejamos en paz a otros, como demuestra el archivo de dos denuncias presentadas contra Fidel Castro. Y es que, en España, un "progresista" no puede ser, por definición, ni un genocida ni un terrorista.