Desde el momento en que un español, por lo que sea, es encumbrado a puestos de responsabilidad, que es cosa que depende de las cúpulas de los partidos, empieza una carrera que, según parece, nada ni nadie tiene derecho a truncar
En la derecha, la reacción más generalizada a la absolución de Camps ha sido la representada por María Dolores de Cospedal: "¿Quien repone ahora su honorabilidad?" El editorial de ABC va en la misma línea: "Y ahora, ¿quién repara el honor de Camps?" Sin embargo, la cuestión no es el honor de Camps, que es cosa que no preocupa a nadie, ni siquiera a él. Aquí, la cuestión es si su absolución es suficiente para permitir su vuelta a ocupar cargos políticos de importancia, salvo que hacer a alguien ministro, por ejemplo, sea una forma de reparar su honor. El Mundo tiene un punto de vista diametralmente opuesto al del ABC: "La absolución no redime a Camps como político". Para el matutino, "Camps (…) es responsable de haber intimado con una trama que tenía por objetivo llenarse los bolsillos con dinero público a cuyo cabecilla se dirigía con expresiones como ‘amiguito del alma’". El argumento tampoco es convincente. Lo de "amiguito del alma" lo sabemos porque se filtraron a la prensa conversaciones privadas grabadas por la Policía en la investigación de unos delitos de los que, de momento, Camps es inocente. ¿Qué político resistiría la filtración a la prensa de sus charlas telefónicas?
Creo que el error, se juzgue como se juzgue lo de Camps, está en considerar su carrera política como un derecho, como si fuera algo parecido a ser médico, abogado o arquitecto. Desde el momento en que un español, por lo que sea, es encumbrado a puestos de responsabilidad, que es cosa que depende más de las cúpulas de los partidos que de la elección de sus conciudadanos, empieza una carrera que, según parece, nada ni nadie tiene derecho a truncar, salvo que pierda en las urnas, y no siempre es suficiente, como está a punto de demostrar Rubalcaba, o que sea condenado por sentencia firme. No debería ser así. La política no es una profesión, es un servicio. Y debería tener vocación de temporalidad, aunque en casos contados se prolongara en el tiempo y no como ahora, que es de vocación indefinida, aunque a veces ciertos tropiezos lo interrumpen abruptamente.
Cesar, dimitir, renunciar, retirarse es visto aquí como un dramón mayúsculo, una afrenta intolerable, un baldón insufrible, como si a un abogado o un médico o un arquitecto le fuera negado el ejercicio de su profesión a cuenta de las responsabilidades en las que hubiera incurrido en su ejercicio. No debería ser así. ¿Es que Camps, para ser feliz, para realizarse como ser humano, para poder mirarse al espejo por las mañanas sin avergonzarse tiene que ser necesariamente, absolutamente, presidente de la Generalidad valenciana? ¿Por qué ha de ser una mancha inaceptable el que se haya visto obligado a dimitir? Es licenciado en Derecho, la política le ha dado la suficiente fama como para poder dirigir un bufete al que no le faltará clientela. ¿Es esto una tragedia, una ignominia? En España, parece que sí. O sea, que no hay más remedio que hacerlo ministro.
