En medio de los chantajes de Bárcenas y Torres, nos enteramos de que Hervé Falciani, el suizo que trabajaba para el banco HSBC y que había robado datos de sus clientes para venderlos, no será extraditado. La Fiscalía se opone fundándose en que el individuo está proporcionando "información a las autoridades de inteligencia financiera". Y el Gobierno, aunque la sala resolviera extraditarlo, está decidido a oponerse apelando a razones de seguridad nacional. Por un lado, se dice que lo que hizo Falciani no es delito en España, cuando claro que lo es, uno de revelación de secretos siquiera en grado de tentativa. En España no lo es que los bancos comuniquen a Hacienda sus datos. Pero eso no convertiría en impune a un empleado de banca que pretendiera vender los que tuviera. Por otro, se nos dice que está ayudando a perseguir delitos fiscales cometidos por otros. Lo que está haciendo es entregar los datos que posee a las autoridades españolas a cambio de no ser extraditado y de ser puesto en libertad condicional. Y encima no los está entregando a las autoridades tributarias, sino a las "autoridades de inteligencia financiera". Dado que tales autoridades en España no existen, habrá que entender que se los está dando a las autoridades de inteligencia a secas, o sea, al CNI.
El caso es que Falciani no va a ser en ningún modo extraditado, no porque su delito no lo sea en España, ni porque colabore con la Justicia para perseguir los de fraude fiscal de los que pudiera tener conocimiento, sino porque proporciona valiosa información al CNI. ¿Y qué interés tiene el CNI en tener esos datos? Podría entenderse que lo que quiere la Casa es enterarse de los defraudadores extranjeros que ocultan al fisco de sus países su patrimonio en Suiza con el fin de chantajearles y obligarles a servir a los intereses de España. Pero dado que la mayoría de esos defraudadores son ciudadanos de países amigos, lo leal sería colaborar con ellos compartiendo la información para que cada cual aplicara a sus defraudadores sus leyes, que es lo que hizo Francia cuando detuvo por primera vez al tal Falciani. Ahora, puede ser que el interés del CNI no esté centrado en los defraudadores extranjeros sino en los españoles. Pero ¿para qué querría el CNI conocerlos? Esa información tan sólo tiene interés para la Agencia Tributaria.
Sabemos, además, porque se filtró a la prensa, que en la lista aparecía la familia Botín con tropecientos millones de euros que fueron rápidamente regularizados antes de que la Agencia Tributaria pudiera empezar el procedimiento penal. ¿Qué tiene todo esto que ver con la seguridad nacional? ¿De qué estamos hablando? ¿Se trata de proteger la identidad de algunos de los que aparecen en la lista? ¿Se trata de que puedan regularizar su situación antes de ser acusados de la comisión de un delito fiscal? ¿Se trata de chantajearles con la información que de ellos se posee? Quizá todo fuera más comprensible si conociéramos los nombres de esos defraudadores. Qué bonito fin de régimen.