Las relaciones entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España deberían ser sobre el papel malas. Al menos, eso cabría esperar a la vista del chantaje al que la una quiere someter al otro. Y sin embargo pasan cosas que sólo se explican si esas relaciones, en vez de tensas, como deberían, fueran en realidad, como parece, bien fluidas. El Gobierno de Rajoy se estrenó indultando a dos dirigentes de CiU a quienes la Justicia había empitonado por corruptos. No puede decirse que ese fuera un gesto enemistoso o falto de cordialidad. Sin embargo, siempre cabría atribuirse a la camaradería que rige las relaciones en el seno de la casta y que exige, qué menos, que se indulten unos a otros. Hasta ahí, todo podría haber entrado dentro de lo normal.
Pero luego el PP catalán se dio con los talones en el trasero para aprobar los presupuestos de Mas sin condicionar su respaldo a, por ejemplo, que la Generalidad cumpla las sentencias del Tribunal Supremo o se atenga a los mandatos de la Constitución Española. Aunque, claro, esto también podría atribuirse a la voluntad de Alicia Sánchez-Camacho de hacer méritos para ser recibida en el exclusivo club de los nacionalistas catalanes y que le dieran su insignia, consistente en una señera de oro y rubíes con un triángulo de lapislázuli y una estrella hecha de brillantes. Y, en todo caso, ocurrió antes del desafío soberanista.
El desafío llegó, y del chantaje al que Mas quería someter a Rajoy éste no dijo nada, hasta que, al cabo de los días, se vio agobiado en una sesión de control y se le escapó cuando se defendía de los ataques de los nacionalistas. ¿Por qué no lo dijo cuando terminó su reunión con Mas, esa en que le pidió el pacto fiscal? No tengo contestación para esa pregunta. Poco después, El Mundo desveló el informe policial que acusa a los Pujol y a Mas de haberse enriquecido con la política y el ministro del Interior se indignó, no con los presuntos delincuentes, siendo como es su principal obligación la de perseguirlos, sino con quien lo filtró. Y más tarde, en el Congreso, Rajoy se deshizo para explicar a Duran que el Gobierno no era responsable de nada. Lo más curioso es que tan atentas explicaciones tenían toda la pinta de ser innecesarias, porque el de Unió estaba más que convencido de que Rajoy no podía haber sido.
Y ahora el Gobierno indulta a cuatro mossos condenados nada menos que por torturas. No sólo, sino que, cuando la Audiencia de Barcelona ha pretendido que cumplieran los dos años a los que había quedado reducida la condena gracias al indulto, el Gobierno los ha vuelto a indultar y les ha conmutado la pena, que ya les había reducido, por una multa. Eso, a unos torturadores.
¿Qué está pasando? No tengo ni idea. Pero huele. Más bien hiede.