Hace treinta años, muchos españoles en Andalucía se apuntaron a la vida subsidiada. En 2011, no por convicción, sino porque a la fuerza ahorcan, en toda España votamos al único partido que podía, con sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, sacarnos del atolladero en el que nuestra propia complacencia nos había metido. Y parecía que los andaluces se apuntarían también, con sentido de la realidad, al plan. No ha sido así. Allí desean seguir siendo subvencionados y no quieren oír hablar ni de esfuerzo ni de sudor, mucho menos de sangre o de lágrimas. Creen que la fiesta ha de continuar mientras quede alguien en el mundo dispuesto a prestarnos el dinero con el que pagar las cañas y las gambas.
Podremos decir que Javier Arenas era un pésimo candidato, pues nunca habló claro de cómo iba a acabar con la vía de dinero público que allí hay abierta. Podremos analizar que los socialistas han conseguido asustar al electorado andaluz con el coco de la derechona. Podremos conjeturar que la subida de impuestos y la reforma laboral no ayudaron a que los andaluces se decidieran por el cambio. Y podremos aventurar que el perfil bajo que el PP adoptó durante la campaña no fue una decisión inteligente. Pamplinas. Los andaluces han votado a los que se reparten el dinero público por cientos de millones de euros, que ponen al frente de cargos públicos a socialistas que gastan los dineros de todos en cocaína, que practican el nepotismo más escandaloso y que sólo saben prometer más de eso mismo.
Y lo han hecho porque esperan seguir recibiendo las migajas de ese sistema clientelar que los socialistas montaron en Andalucía porque no les importa que, con tal de seguir recibiéndolas, los del PSOE se quedan con la parte del león. Ni siquiera la evidencia de que ya no queda dinero para casi nada y, por tanto, tampoco para esas migajas, les ha hecho perder la esperanza de seguir disfrutándolas. Tendrá que venir la crisis, hundirnos todavía más y, cuando ya no quede dinero ni para lo más esencial, se darán cuenta de que el Estado, este dichoso de las Autonomías o cualquier otro que se nos ocurra montar, no puede sostenerse sobre la base de que casi todos cobren y casi nadie pague.
España, que es una especie de Unión Europea de la señorita Pepis, ya tiene su Grecia particular en Andalucía. La diferencia es que en Bruselas pueden decidir echar a la suya, desprenderse del lastre y que sean ellos solos quienes se coman los efectos de su desenfadada gestión. Nosotros, en cambio, no podemos hacer tal cosa. Tendremos que aguantarnos con nuestros griegos y ver como nos arrastran un poco más pendiente abajo. Rajoy podría evitarlo si se decide de una vez a hacer lo que hay que hacer, pese lo que les pese a andaluces y sindicalistas. Veremos si tiene el valor para hacerlo.