La Constitución de 1812 prohibía que la nación española pudiera ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Luego no ha habido Constitución que recogiera esta prohibición, seguramente por creerse que sería superflua. Este viernes se ha demostrado más necesaria que nunca.
A los bancos se les permite hacer lo que para otros sería un delito de apropiación indebida, esto es, disponer del dinero que un tercero deposita bajo su confianza. Por eso se les imponen requisitos que no se exigen a otras empresas. Entre ellos está el de que sus directivos sean personas de reconocida honorabilidad. Hasta hoy, se entendía que carecían de tal honorabilidad quienes tuvieran antecedentes penales, qué menos. El Consejo de Ministros de este viernes ha cambiado la norma. Se sigue exigiendo que los directivos de los bancos tengan reconocida honorabilidad, pero ya no es causa automática de pérdida de la misma el tener antecedentes penales, que no sé yo qué va a tener que hacer una persona para perder la honorabilidad necesaria para ser banquero si cometer un delito ya no es suficiente. Hoy, un delincuente convicto puede ser directivo de un banco si un comité de expertos del Banco de España dice que el delito cometido no reviste gravedad suficiente.
Todos sabemos que esta reforma se ha hecho para que Alfredo Sáenz, condenado nada menos que por denuncia falsa, pueda seguir siendo consejero delegado del Banco de Santander. Pero como la ley es general, en el futuro podría ocurrir que tuviéramos que ver, además de a Sáenz, a otros condenados al frente de un banco, aunque lo hayan sido por asesinato, pertenencia a organización terrorista o blanqueo de capitales, si el comité de expertos en honorabilidad del Banco de España dictamina a su arbitrio que tales condenas no implican la pérdida de ella.
Algunos pensarán que Mariano Rajoy ha perpetrado este disparate porque es amigo de Emilio Botín. Pero, por desgracia, la realidad es peor. Y lo es porque quién indultó a Alfredo Sáenz con la esperanza de que eso fuera suficiente no fue él sino su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Ocurrió luego que el Tribunal Supremo resolvió que el indulto no borra los antecedentes penales, por más que el texto del mismo lo pretendiera expresamente. Dicho de otro modo, si Botín tiene el capricho de que Alfredo Sáenz siga al frente de su banco a pesar de haber sido condenado por denuncia falsa, que debe de ser que allí no hay nadie sin antecedentes penales que poner al cargo, el Gobierno, da igual que esté presidido por Zapatero o por Rajoy, se lo resuelve. Y si para resolverlo hay que cambiar la ley, para que delincuentes convictos puedan ser directivos de una entidad financiera, se cambia.
Hoy se ha hecho evidente que España no es una nación. Es una finca propiedad de la familia Botín. Y a Rajoy le cabe el honor de ser su guardés como en su día le cupo a Zapatero. Si aceptamos esta realidad, entenderemos mucho mejor todo lo que está pasando.