Creo recordar que alguien con autoridad dentro del PSOE, probablemente Susana Díaz, dijo que si los imputaban, Chaves y Griñán tendrían que dejar el escaño. Pues bien, los imputan y, como cualquiera podía fácilmente haber previsto, ni se plantea que lo hagan. Se justifica peregrinamente alegando que no se les ha imputado ningún delito concreto y van a comparecer como imputados porque han pedido ellos voluntariamente declarar. Como si no hubiera otra forma de comparecer ante el Supremo que no sea en calidad de imputado. O como si su situación no se debiera a que la juez Alaya vio suficientes indicios de delito en sus conductas y el Tribunal Supremo, competente por estar los dos galopines convenientemente aforados, no hubiera al imputarlos confirmado la vehemencia de esos indicios.
Ahora, con ser este comportamiento del PSOE cínico e hipócrita, no es lo más grave. Lo peor es que sea electoralmente rentable mantener a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía en sus escaños a pesar de haber sido imputados. Quiere esto decir que los españoles toleran que un imputado siga desempeñando una función pública y lo que les escandaliza es que dimita porque es tanto como reconocer que hay fundamento para la imputación. Sin embargo, la consecuencia inmediata de ésta debería ser la desafección del electorado tan sólo susceptible de ser mitigada mediante una inmediata dimisión.
No es así porque al electorado se le engaña con el argumento inaceptable de la presunción de inocencia. Mientras uno no es condenado, se presume inocente. Muy bien. Pero eso en política no debería valer. ¿Alguien puede imaginarse a un presidente de Gobierno juzgado por asesinato que se niegue a dimitir mientras no haya sentencia firme condenándole? Nadie, pero el caso es que buena parte del electorado de cada uno de los dos grandes partidos rechaza la dimisión de los suyos a renglón seguido de una imputación alegando que podría ser injusta si luego resulta ser el imputado inocente.
El argumento parte de una premisa falsa, a saber, que el desempeño de un cargo político es un derecho inalienable del que sólo puede uno ser privado por una resolución judicial. Y no es así. La política es un servicio público temporal que realizan quienes tienen vocación de ello más allá de la profesión que ostenten. Si, por lo que sea, por una derrota electoral, por perder el favor del líder o por ser uno imputado en un procedimiento penal, se hace necesario abandonar la política, se deja y se vuelve uno a su profesión sin que tenga que ser un drama. Y sin embargo lo es porque los políticos españoles son profesionales de la política y no saben hacer otra cosa. Por eso el caso de Chaves y Griñán se trata como si estos tuvieran derecho al escaño como los demás lo tenemos a circular libremente, algo de lo que no pueden ser de ninguna manera privados salvo en circunstancias excepcionales tasadas por la ley. Luego se quejan de que les llamen casta.