Cuando Artur Mas dijo que convocaba elecciones autonómicas con el carácter de plebiscitarias, el Gobierno dijo que daba igual lo que dijera porque unas elecciones autonómicas sólo pueden ser eso, que es lo que la ley dice que son. Sin embargo, luego no sólo permitieron que el debate durante la campaña se centrara en la cuestión de la independencia, sino que descendieron a participar en él admitiendo implícitamente que en efecto aquellas elecciones fueron lo que los nacionalistas quisieron que fueran, un plebiscito. Todo lo cual queda suficientemente probado por el hecho de que, apenas constituido el Parlamento catalán, sin haberse formado el Gobierno, sin haber empezado el debate de investidura, sin que ni siquiera se hayan puesto de acuerdo sobre quién será el presiente de la Generalidad, lo primero que ha hecho el bloque independentista ha sido someter a la consideración de la Cámara una declaración unilateral de independencia.
La reacción de Rajoy pareció por un momento ser fulmínea. Quien se había solazado siendo Chamberlain con los nacionalistas permitiéndoles ir tan lejos como han llegado dio la impresión de estar ahora decidido a recurrir al 155, intervenir la autonomía e impedir que tal declaración fuera votada. Ése y no otro tenía que ser el sentido del anuncio de una comparecencia institucional a las pocas horas de haber sido registrada la propuesta en el Parlamento catalán. Sin embargo, no hubo nada. Las tajantes afirmaciones de siempre de que no tolerará, de que no permitirá, de que no consentirá, para a renglón seguido dar a entender que seguirá tolerando, permitiendo y consintiendo, posponiéndolo todo a un ulterior momento, que será cuando la declaración sea aprobada; y, si es aprobada, cuando sea aplicada; y, si es aplicada, cuando el Tribunal Constitucional diga. Y no se da cuenta el mendrugo de que lo ilegal no es que se apruebe, ni siquiera que se vote, sino que se presente y se admita a trámite. El Parlamento de Cataluña no necesita aprobar ninguna declaración de independencia para estar en sedición. Le basta haber empezado a tramitar la propuesta, y eso ocurre desde hoy. Que se vote y que se apruebe es lo de menos, porque lo sedicioso es que se tramite. Si no lo fuera, sería legal tramitarla e incluso rechazarla y lo único ilegal sería aprobarla, lo cual es absurdo porque la legalidad de un trámite no puede depender del resultado.
Sin embargo, Rajoy y su ministro de Justicia están como siempre esperando a que haya algo que recurrir al Tribunal Constitucional para que sea éste y no ellos el que haga el trabajo de mantener a España unida. Y esa no es función del TC sino del Gobierno. Es como si una potencia extranjera nos declarara la guerra y el Gobierno dijera que no puede hacer nada hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie. Tan cobarde es este Gobierno que ni siquiera cuando le conviene electoralmente es capaz de actuar con algo de gallardía.