Cuántas veces los políticos emplean los tribunales para imponernos soluciones por ellos ideadas sin tener que arrostrar la responsabilidad política de haberlas decidido. Pasó con Herri Batasuna, encarcelada por el Tribunal Supremo con severísimo y discutible criterio para satisfacer a Aznar y luego liberada por el Constitucional cuando el hoy aguerrido expresidente quiso tener un gesto de buena voluntad tras declararse la tregua de 1998. Con Bildu pasó algo parecido. El PP amenazó con romper la baraja si el Gobierno permitía a los etarras presentarse a las elecciones. Como había que dejar que lo hicieran para que prosiguiera la negociación, el PP lo aceptó, siempre que fuera el Constitucional el que cargara con la culpa. Y así fue.
Con la Doctrina Parot pasó lo mismo. Se forzó la mano del Supremo para que cambiara su interpretación de la redención de penas e impedir que etarras condenados por múltiples asesinatos salieran a la calle con la ETA sin derrotar. Luego se hizo lo mismo con el Constitucional. Una vez acordado que la ETA dejara de matar, había que soltar a los etarras que todavía estaban en la cárcel. ¿Cómo hacerlo sin ser responsable de nada? Bien fácil, recurriendo a otro tribunal, el de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha venido a tirar abajo la Doctrina Parot con certera oportunidad.
Total, que unas veces los tribunales deciden una cosa y después la contraria, según va interesando a los políticos. Es verdad que la interpretación del Tribunal Supremo del artículo 70 del viejo Código Penal era algo forzada. Y no lo es menos que estuvo inducida por el Gobierno, aterrado de que sanguinarios etarras salieran a la calle en un momento en que la banda todavía mataba. Pero el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no es quién para tumbarla, como tantas veces ha reconocido él mismo en ocasiones anteriores, porque no se trata de un supuesto de ley penal aplicada retroactivamente, sino de un cambio de interpretación de la ley vigente en el momento en que los delitos se cometieron. Y eso es algo que nuestros tribunales están perfectamente legitimados a hacer sin por ello violar el principio de irretroactividad de la ley penal. Y, sin embargo, cabe sospechar que la misión de Luis López Guerra, enviado por Zapatero como miembro a ese tribunal tras ser su secretario de Estado de Justicia, era precisamente esa, tumbar la Doctrina Parot, tal y como se comprometió a hacer en la negociación con ETA, pero sin que ningún político pueda ser acusado de haberlo hecho.
Más allá del debate jurídico, que tiene su enjundia, la realidad es esa, que las cosas van saliendo de los tribunales como a cada Gobierno le va conviniendo en cada momento que salgan. Porque si no hubiera habido negociación, López Guerra no estaría allí, o peor, estaría, pero para defender otra cosa y la sentencia habría sido otra. Esto no es Derecho. Es política. Y de la peor especie.