En la línea liberticida que últimamente parecen estar adoptando muchos políticos españoles, Cristina Cifuentes ha defendido recientemente la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.
El funcionamiento de todos los partidos políticos (los nuevos también) dificulta la libertad de actuación de aquellos que quieren servir a sus conciudadanos desde la política, pero es que sólo imponiendo la obediencia sin crítica en todos los campos se logra aprobar leyes por unanimidad. Se entiende así que todos los diputados madrileños (salvo dos por ausencia) hayan votado a favor de esta ley que introduce en el sistema educativo la ideología totalitaria de género y profundiza en la falta de libertad de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos. Teniendo en cuenta la situación de la política nacional, el acercamiento entre Rajoy y Rivera y la necesidad de la abstención socialista, resulta preocupante que algo parecido pueda extenderse al conjunto de España.
Las listas paritarias imponen cupos por razón de género ("sexo" dice la Constitución), perjudicando con estas discriminaciones positivas a muchas personas y creando por tanto agravios comparativos. Lo mismo ocurre con la mencionada ley contra la LGTBIfobia: intenta someter todos los ámbitos (familiar, laboral, social ...) a su dictado, limitando para ello derechos fundamentales de las personas, llegando incluso al punto de invertir la carga de la prueba y considerar al acusado de homofobia culpable mientras no demuestre lo contrario.
Pero centrémonos, por su gravedad, en las medidas en el ámbito educativo que impone esta ley. Un niño y una niña son diferentes desde su nacimiento, pero, para la ideología totalitaria de género, esto se debe a que los padres, la familia, la sociedad, la escuela... condicionan a estos niños y los obliga a ser diferentes. Por ello, la ideología de género pretende anular esta diferencia inicial desde la infancia. Para lograrlo –teniendo en cuenta que controlar a los padres, a la familia o a la sociedad es difícil– busca hacerlo desde los colegios: anulando las diferencias entre niños y niñas para que desaparezcan las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Quizás puedan lograr su inútil objetivo, pero generan en la infancia un serio problema de identidad que afectará al desarrollo de las personas. Y es que son numerosos los profesionales independientes, relacionados con la prevención de abusos sexuales en menores, que han dado la voz de alerta: decirle a un niño que él puede escoger lo que quiere ser respecto a su identidad sexual al margen de su anatomía debe ser considerado un abuso a la sexualidad de los niños, pues estos, en su desarrollo psicosexual, no tienen capacidad para decidir ni para entender las implicaciones que esto conlleva.
Para conseguir invadir el sistema educativo con su ideología es necesario limitar al máximo la capacidad de elección de los padres imponiendo por ley su doctrina y alejando el horizonte educativo ideal, en el que los padres puedan elegir con libertad colegios en los que se ofrezcan diferentes modelos educativos, para que cada cual pueda encontrar o crear el que mejor se adapte a sus preferencias. ¿Por qué Cristina Cifuentes, el PP, Ciudadanos o PSOE se inmiscuyen de esta manera tan dictatorial y podemita en la educación de los hijos de los demás?
Es además una ley innecesaria, porque ante situaciones de discriminación y de odio todos deberíamos estar protegidos de igual manera, y no en función de la materia objeto de afrenta. Lo mismo al que insultan por gordo o flaco que al que atacan por llevar gafas o por cualquier otra característica. Pero esta ley quiere que para todo se apliquen las directrices de esta ideología de género, impuesta por lobbies con oscuros intereses. Y es que, además, la ley contra la LGTBIfobia no será barata: obliga a que todos los centros educativos incluyan contenidos pedagógicos elaborados con la colaboración de las asociaciones LGTB, y por consiguiente los profesores deberán recibir formación, con cargo seguramente a los presupuestos; algo que Cristina Cifuentes niega en su publicidad a favor de esta ley adoctrinadora.
Juzguen ustedes mismos. En el Guión para las charlas del acoso escolar homofóbico de Cogam (Colectivo Gay de Madrid) se proponen una serie de "juegos" para niños de 12 años: en uno se simula una sesión de terapia en la que se diagnostica que el problema es su heterosexualidad; en otro un niño coge una tarjeta al azar y, por medio de signos, sus compañeros deben averiguar si el compañero es LGTBIQAP; u otro en el que se simula una entrevista de trabajo y el entrevistador debe intentar averiguar si el otro niño es gay o lesbiana.
Si todos tenemos claro que la educación no debe ser un monopolio de la Administración, en el que se fabriquen futuros camisas rojas, pardas o negras, es porque todos tenemos claro que la familia es el núcleo principal responsable de la educación de los hijos, y esta ley es una intromisión en los derechos de los padres, que, sin duda, en un contexto de educación básica obligatoria, deben tener derecho a elegir el centro y el proyecto educativo que mejor cumpla con sus expectativas. Y, a ser posible, con cheque escolar.