La expresión utilizada por José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, tras conocer la condena de Miguel Carcaño a solo 20 años de prisión y la absolución del resto de sus cómplices, no debe atribuirse a un arranque emocional de una familia destrozada por el dolor. La sentencia conocida este viernes es el colofón a un proceso, el de la investigación policial y la instrucción judicial, que bien merece el calificativo de "vergüenza nacional" con el que el señor Casanueva valoraba la noticia en Libertad Digital, minutos después de que la Audiencia Provincial hiciese público el fallo.
Desde aquel infausto 24 de enero de 2009, en el que Marta no regresó a su casa del barrio Tartessos de Sevilla, la familia ha tenido que sumar a la angustia y el dolor por el terrible crimen la rabia e indignación creciente por el cúmulo de despropósitos en la investigación y la desvergüenza mostrada por Carcaño y sus compinches al negarse a desvelar el paradero del cuerpo, con una impunidad, confirmada en esta sentencia, incompatible con el más mínimo sentido de la decencia y la justicia que deben presidir la convivencia en una sociedad civilizada.
Bien es cierto que la sentencia es heredera de una instrucción más que deficiente. La sensación de que un grupo de delincuentes puede torear a la Policía y a todas las instancias judiciales a su antojo merece una seria reflexión por parte del nuevo Gobierno. En este sentido, la reforma de la Ley del Menor anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría puede ser un primer paso. Sin embargo, las palabras del ministro Fernández Díaz, calificando de "ejemplar" la actuación policial, no pueden ser más desafortunadas. Además de demostrar una falta de sensibilidad asombrosa hacia la familia de Marta, era de esperar del ministro la misma determinación que ha demostrado Ignacio Cosidó con el relevo de toda la cúpula policial y anunciar hoy mismo el cese de los responsables policiales de Sevilla.
Se ha invertido mucho dinero y medios materiales –en el dragado del Guadalquivir participaron la Guardia Civil y el Ejército– en una investigación plagada de errores que no ha obtenido resultado satisfactorio alguno. Por eso la Audiencia Provincial ha tenido que juzgar a los acusados sin pruebas concluyentes. La ausencia del cadáver no sólo llena de zozobra a la familia, sino que hace muy difícil probar la alevosía o el ensañamiento, los delitos sexuales, incluso acreditar la propia muerte. Por cierto, conviene recordar también que sigue sin aclararse la desaparición de 154 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Sevilla.
Javier Casanueva, tío de Marta, ha dicho en esRadio que no piensan rendirse en su lucha por que se haga justicia. Y es que la sociedad española tiene contraída una enorme deuda con esta familia, y el Gobierno debe poner todo su empeño en saldarla cuanto antes.