En la serie de reportajes Estado SA, La caja B de las administraciones públicas que Luis del Pino inicia este fin de semana, Libertad Digital arrojará luz sobre esa oscura y gigantesca red de intereses y tráfico de influencias que representa el entramado de entes y empresas públicas, que durante décadas se han ido multiplicando al calor del poder político en todos los escalones de la sobredimensionada y disparatada estructura administrativa del Estado español.
En esta primera entrega nos encontramos ante un panorama general que ofrece unas cifras de muy difícil digestión para la sociedad civil española que soporta, al límite de sus posibilidades, una brutal presión fiscal, de las más elevadas del mundo. La suma con datos de 2011 de organismos autónomos, entes públicos y entidades públicas empresariales, grupos empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles, sociedades participadas y otras entidades alcanza las 1.096 en la Administración del Estado, 2.338 en las comunidades autónomas y 5.460 en los ayuntamientos y entidades locales.
Esta variedad en la tipología de las empresas públicas proviene de un ejercicio de ingeniería jurídica encaminado a evitar las fiscalización y control que se presupone en la administración pública. El objetivo es contar con la mayor discrecionalidad posible para manejar las cuentas y la contratación de personal. Estamos, en muchos casos, ante auténticas agencias de colocación de los partidos políticos. Una reproducción a escala nacional de la Tela de Araña andaluza, que ha diseccionado Pedro de Tena en Libertad Digital.
La combinación de esta red clientelar con la irresponsabilidad fiscal del sistema autonómico y el control político de las justicia es la base del poder de los partidos políticos y lo que se ha venido en llamar partitocracia. De ahí la feroz resistencia de todos los gobiernos, nacional, autonómicos y locales a tocar este entramado.
El Gobierno de la Nación ha anunciado en varias ocasiones una reducción de las empresas públicas que hasta el momento apenas se ha traducido en el cierre de una decena de empresas, entre las que figuraban ejemplos especialmente sangrantes, como la dedicada al V Centenario, que se mantenía viva 20 años después. Nada más. La mayoría de autonomías y ayuntamientos ni siquiera han demostrado esa voluntad de acabar con lo que Esperanza Aguirre ha bautizado como "mamandurrias".
En septiembre España se enfrente a un probable rescate europeo que exigirá un ajuste aún mayor del llevado a cabo hasta ahora. El gran error del Gobierno ha sido cargar todos su medidas sobre el sector privado, ciudadanos y empresas, para salvar un sector público que mantiene el mismo tamaño que cuando se inició la crisis. La situación es insostenible, no solo ya desde el punto de vista de las cuentas sino también de la ética y la moral pública. No se puede pedir a los ciudadanos que sigan manteniendo este tinglado de los partidos políticos ni un minuto más.