El parto de los Montes ha terminado dando a luz un ratón o, dicho de otra manera, las negociaciones entre PP y PSOE a propósito de la reforma constitucional han concluido en un nuevo artículo 135 vacío de contenido. Rubalcaba le ha terminado ganado la partida al PP –si no en la forma, sí en el fondo– y ha conseguido aguar lo que, con todas las cautelas, habría podido ser un paso en la buena dirección.
Al cabo, PP y PSOE quieren convencernos de que pretenden limitar el déficit en la Constitución sin especificar ningún límite. Por el contrario, nuestros mandatarios relegan ese dato, que es el básico para que podamos hablar de restricciones propiamente dichas, a una ley orgánica aprobada por las Cortes que, según nos adelantan, ubicará ese déficit máximo en el 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas. Una situación que, en última instancia, en nada se diferencia a la que ya imperaba con la ley de equilibrio presupuestario de Aznar y que no impidió a Zapatero derogarla de facto y colocar nuestras cuentas públicas al borde del abismo.
Todo apunta a que, cuando sea menester, la historia se repetirá, especialmente si tenemos en cuenta que la nueva redacción del artículo 135 permitirá a las administraciones incurrir en déficits superiores al 0,4% en caso de catástrofes o recesiones económicas. Traducido al román paladino: no habrá restricciones constitucionales a aprobar ruinosos Planes E en momentos de crisis aun cuando el sector público ya acumule un enorme agujero presupuestario.
En definitiva, si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido. Primero, porque retrasan su plena aplicación hasta 2020, momento en el que, esperemos, la crisis ya se haya superado y en el que ya no habrá problemas de solvencia (bien porque ya hayamos reestructurado nuestra deuda o porque hayamos logrado superar las dificultades). Y, segundo, porque la reforma sigue dejando manos libres a los políticos para hacer y deshacer a su gusto. Justamente aquello que no deberían ser las constituciones: una mera declaración de buenas intenciones.