El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de su anunciada reforma legal del aborto que, en esencia, retrotrae la normativa al sistema de supuestos despenalizados vigente hasta la ley aprobada por el último gobierno socialista. Con esta decisión, el Gobierno cumple además el mandato del Tribunal Constitucional, que en su día se pronunció con claridad acerca de la necesidad de otorgar la debida protección legal al nasciturus en armonía con los derechos de la mujer.
Las novedades más importantes recogidas en el borrador aprobado ayer por el Ejecutivo es la supresión de la anomalía fetal como supuesto despenalizado –salvo casos tasados-, y la necesidad de dos informes médicos independientes en casos de peligro para la salud física o psíquica de la mujer, mientras que los abortos que se realicen como fruto de una violación seguirán estando garantizados, siempre que exista una denuncia previa y no se haya sobrepasado la duodécima semana de gestación.
Resulta del todo injustificada la campaña que los socialistas han desatado inmediatamente contra esta decisión del Gobierno -a la que han tachado de "retroceso franquista" como suelen hacer contra cualquier medida que cuestiona sus prejuicios ideológicos-, a pesar de que la situación que resultará tras la entrada en vigor de la nueva ley será muy parecida a la que existía con la ley de 1985 aprobada por ese mismo PSOE. En lugar de motejar con descalificaciones trasnochadas la iniciativa legislativa del Gobierno que les venció en las pasadas elecciones, los socialistas deberían interpelarse a sí mismos acerca de los resultados de la llamada "Ley Aído", vigente en estos momentos, que ha eliminado el necesario sentido de la responsabilidad de los progenitores con una legislación permisiva hasta al extremo ante un acto crítico, como es el aborto, utilizado ya por amplias capas de la población juvenil prácticamente como un método anticonceptivo más.
Finalmente, el Gobierno cumple por primera vez un compromiso de su programa electoral con esta reforma legislativa, aunque todavía es pronto para saberlo dado que el anteproyecto tiene todavía ante sí un largo recorrido parlamentario. A la vista de la actuación del ministro Gallardón respecto a la promesa de recuperar la independencia del Poder Judicial, no sería de extrañar que el resultado final de esta reforma legislativa tenga poco que ver con los términos que ayer fueron anunciados.