A pesar de ser la "foto del día", la comparecencia del senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo apenas ha aportado nada nuevo que merezca más comentario que el que desde estas páginas hemos hecho en repetidas ocasiones. En una breve intervención ante los medios, tras más de tres horas de comparecencia ante el Tribunal, Bárcenas se ha limitado a decir que estaba "muy contento de haber podido declarar y de aportar las pruebas que demuestran mi inocencia".

Con independencia de que haya comparecido a petición propia, y sin cuestionar su derecho a la presunción de inocencia, Bárcenas –o el propio Rajoy– debería haber evitado a su partido la lamentable imagen de ver a su senador y tesorero nacional en activo acudir como imputado provisional ante el Tribunal Supremo, acusado de haber recibido más de un millón de euros a cambio de facilitar contratos a las empresas de Correa. Su dimisión o cese hubiera sido una muestra de responsabilidad política, que, además, no hubiera mermado –todo lo contrario– sus posibilidades de ejercer su derecho a la defensa.

En cualquier caso, no menos enjundia tiene las bochornosas declaraciones del Fiscal General del Estado para justificar su escandalosa pasividad ante las numerosas filtraciones del sumario, o las no menos vergonzosas descalificaciones que el PSPV ha dirigido contra el Tribunal Superior de Justicia valenciano por rechazar, por segunda vez, el recurso con el que los socialistas pretendían ampliar, sin base alguna, la investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana.

Empezando por las primeras, Conde Pumpido ha considerado las filtraciones como "inevitables" al tiempo que las ha relacionado nada menos que con el "derecho a la libertad de expresión". Al margen de que las filtraciones pueden y deben evitarse, no sabemos que nos causa mayor sonrojo: si que el Fiscal General del Estado considere que por no ser evitables, las filtraciones no deben ser perseguibles, o que relacione este delito de revelación del secreto del sumario, tipificado en el artículo 466 de nuestro Código Penal, nada menos que con el derecho a la libertad de expresión. Aquí nadie está pidiendo que se proceda contra ningún medio de comunicación por publicar las filtraciones. Se denuncia al funcionario que se las hace llegar. Y eso en el caso de que sean, efectivamente, filtraciones y no simples difamaciones, que también son un delito que tampoco tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Después de semejantes declaraciones, ¿qué sentido y que credibilidad tiene el Fiscal General del Estado cuando añade que la investigación está "en una fase inicial" y "no hay resultados", al tiempo que asegura que la Fiscalía "está confeccionando la denuncia" y "la presentará cuando la estime procedente"?

Claro que no menos vergonzosas han sido las declaraciones de los socialistas valencianos contra el TSJCV por oponerse nuevamente a un recurso que muy justificadamente los magistrados han considerado una "especie de batida de montería, o en términos menos cinegéticos y más jurídicos, de hacer una pesquisa general", en la que se trataría de "removerlo todo". Aquí no se critica que el PSPV recurra esta decisión judicial ante el Tribunal Constitucional, si lo considera oportuno. Aquí lo que se les critica es que, al hacerlo, los socialistas hayan acusado al Tribunal con el que no están de acuerdo de "bloquear la investigación" o de "cercenar su derecho a la tutela efectiva". ¿Es acaso esta una muestra de ese "respeto a los tribunales" que los socialistas, sin venir a cuento, piden un día sí y otro también al PP?

La desfachatez de los socialistas es aún mayor si tenemos en cuenta que las críticas del PP no las ha motivado ninguna sentencia con la que los populares no estuvieran de acuerdo, sino las filtraciones que desde el ámbito judicial –o policial– se han perpetrado en este caso. Una justificada critica a la impune comisión de unos delitos que, lejos de faltar al respeto a la Justicia, la reivindica.