Teniendo presente que la mayor crisis que padece España no es la económica sino la que le afecta como nación y como Estado de Derecho, no le falta razón a Maite Loureiro al denunciar en nuestro periódico la ambigüedad con la que la mayoría de los programas electorales aborda la decisiva cuestión territorial y el desafío planteado por los separatistas. Lo peor es que los principales candidatos a la presidencia del Gobierno, en su decepcionante debate electoral del pasado lunes, también pasaron de puntillas sobre este asunto decisivo: una referencia de Iglesias a España como "realidad plurinacional", una apelación de Sánchez a la ley y a la necesidad de una reforma federalista de la Constitución, un fugaz rifirrafe entre Sáenz de Santamaría y Rivera a propósito del uso del castellano en las escuelas catalanas, algunas referencias que daban carácter plebiscitario a las últimas elecciones autonómicas catalanas y poco más.
Ningún candidato abordó, sin embargo, con la profundidad que merecía un hecho tan grave como que en Cataluña no se cumple ni se hace cumplir la ley y que sus gobernantes están en abierta y sediciosa rebelión contra el Estado de Derecho. Sin ese prioritario respeto y esa obediencia a lo que dicen las leyes y las sentencias, en nada queda convertir a España en un proyecto estimulante, que diría Rivera; o reformar la Constitución al vaporoso modo que propone Sánchez; o imaginarse a España como "realidad plurinacional", como dio por hecho Iglesias; o seguir como hasta ahora, como vino a defender la vicepresidenta del Gobierno.
Es cierto que la Ley Wert, como sostuvo la vicepresidenta, trata de garantizar un derecho que se supone ya garantizan la Constitución y un montón de sentencias de los más altos tribunales, como es que el español pueda ser también lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. Tan cierto como que ese derecho elemental sigue sin ser efectivo en Cataluña, tal y como le replicó Rivera.
Es verdad que Pablo Iglesias no fue tan original a la hora de referirse a España como "realidad plurinacional" que cuando consideró que en el referéndum celebrado en Andalucía en 1980 se dirimía si esa región seguía o no formando parte de España. Pero lo cierto también es que tamaños disparates por parte del líder de Podemos no recibieron réplica alguna de sus contrincantes.
Se sabe que Albert Rivera, quitando hierro a las cuestiones jurídico-formales, quiere hacer de España un país estimulante. La cuestión es si unos ciudadanos que no se consideran a sí mismos nacionalistas pueden considerar estimulante un país en el que no se cumple ni se hace cumplir la ley o donde la educación, en manos de las comunidades autónomas, es el principal medio de desafección hacia la patria común e indivisible de todos los españoles.
Se sabe desde hace tiempo que los socialistas tratan de abordar este asunto con una reforma constitucional, pero siguen sin dar detalles de la misma porque ni siquiera ellos están de acuerdo en qué debe consistir tal reforma.
En cuanto a Soraya Sáenz de Santamaría, solo cabe decir que es el más fiel reflejo de un presidente de Gobierno que aspira a la reelección y cuya pusilanimidad y renuencia a la hora de hacer cumplir la ley ha sido un factor decisivo para que los nacionalistas se echaran al monte separatista.
En definitiva, que de estos más de tres años de golpe de Estado institucionalizado en Cataluña, que sólo parece en estado de letargo por el mero hecho de que el nuevo Gobierno autonómico todavía no se conformado, apenas nada se dijo en el debate de marras. No es de extrañar que, aparcado un asunto ten decisivo, el debate resultara tan irrelevante.