El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado a favor de Federico Jiménez Losantos en el caso que le llevó al banquillo por culpa del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Acaba así la persecución judicial del exministro de Justicia contra el periodista que denunció su ominoso desinterés por esclarecer el 11-M, la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa.
Los hechos se remontan a 2006, cuando el presidente de Libertad Digital puso de manifiesto que, al contrario que Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York cuando se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas, Ruiz-Gallardón, primer edil de la capital de España, prefería que no se hablara del 11-M, pese a ser éste un atentado sobre el que aún hoy pesan gravísimos interrogantes, que ponen en cuestión a las autoridades españolas del momento, a los cuerpos policiales y a los distintos servicios de inteligencia.
Las sucesivas instancias judiciales españoles fueron validando el vergonzoso ataque a la libertad de expresión de Gallardón, y Jiménez Losantos se vio obligado a buscar justicia en Europa.
Finalmente, ha tenido que ser el tribunal de Estrasburgo el encargado de poner sensatez en un asunto en el que la imparcialidad de la Justicia española ha sufrido un daño tremendo. Los magistrados europeos, por mayoría aplastante de seis a uno, han sentenciado que las condenas iniciales impuestas al presidente de Libertad Digital y esRadio vulneran expresamente el artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que consagra el derecho a la libertad de expresión y de opinión.
La sentencia es un poderoso varapalo a Gallardón, perseguidor de periodistas incómodos, y a la Justicia nacional, que sancionó el atropello liberticida. Asimismo, supone un espaldarazo para quienes, como el presidente de esta Casa, han defendido siempre que en España no se ha querido investigar el 11-M, cuyas funestas consecuencias seguimos padeciendo.