Cuando los más importantes pensadores liberales han insistido en acotar el número de derechos de los que goza un individuo o incluso de reducirlo a uno solo (el principio de no agresión) ha sido para evitar que todo se conceptualizara como un derecho y, sobre todo, que a esta banalización del término se le uniera la creación de nuevos e inexistentes derechos que sirvieran para conculcar los que sí lo son.
Esto es, en buena medida, lo que ha sucedido con los llamados derechos de segunda y tercera generación, caracterizados, no por que el individuo exija al poder que le deje en paz para vivir en libertad, sino por que el ciudadano le solicita al Estado que agreda a otra persona para lograr su propio beneficio. Es lo que sucede, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, que no es un derecho negativo a que el Gobierno no nos impida construir una vivienda –restricción, por otro lado, harto frecuente con la limitación artificial del suelo edificable–, sino un derecho positivo a que el Estado nos la pague; esto es, a que el Gobierno le arrebate el dinero a otro ciudadano para financiar la construcción de mi casa para otro ciudadano.
Otro de estos absurdos derechos que no son más que máscaras para no respetar a los auténticos es el "derecho a vivir en" catalán, gallego, vasco o cualquier otra lengua en la que podamos pensar. Los nacionalistas de todas las regiones de España lo han convertido en la pantalla perfecta para encaramar al poder a políticos sin escrúpulos que están dispuestos a subyugar y someter lingüísticamente a toda una sociedad. Se trata, pues, no de que quien que quiera hablar en gallego pueda hacerlo, sino de que el ciudadano que no quiera hablar en gallego, no pueda hacerlo.
Asimetría cuya gravedad no deriva principalmente del trato diglósico dado al castellano, sino sobre todo por el ataque frontal que padecen las libertades de una parte de la sociedad. Aquellos que no quieran hablar, leer o rotular en alguna lengua, deberán hacerlo para mayor confort de la tribu y de sus jefes. Y al igual que se crea un derecho a vivir en gallego o en catalán podría crearse otro a "vivir en un mundo socialista" o "en un mundo musulmán", prohibiendo al resto de españoles profesar otras ideologías, credos u opiniones (o simplemente no profesar ninguna). Que un mundo de este estilo se asemeje a las distopías que hayamos podido leer en cualquier novela del género, debería servir como alarma para todo individuo que quiera conservar sus derechos y libertades.
Y, sin embargo, las marchas a favor de la coacción lingüística se suceden por nuestro territorio con una frecuencia pasmosa y preocupante. La última la protagonizó ayer la plataforma Queremos Galego, organización de nombre equívoco que debería rebautizarse, para ser más fiel a sus objetivos, "Queremos gallego para quienes no lo quieren".
A semejante manifestación liberticida –destinada a recortar, que no a ampliar, los derechos de los gallegos– asistieron no sólo políticos del BNG y del PSdeG, habituales en estas concentraciones a favor de oprimir a la sociedad gallega, sino un ministro del Gobierno de España, Francisco Caamaño, que, para más señas, es el ministro de Justicia ante el cual todos los otros ministros juran o prometen "guardar y hacer guardar" la Constitución durante su investidura. A la agresión a las libertades, que casi se encuentra en el código genético del socialismo, Caamaño une la deslealtad con sus responsabilidades y su burla al Estado de derecho del que deriva la legitimidad de su cargo. ¿Acaso es necesario recordarle a Caamaño el artículo tercero de la Constitución que consagra el derecho a usar el castellano, esto es, a que el poder político no te obligue a utilizar cualquier otra lengua? Suponemos que no le hará falta a este ex profesor de Derecho Constitucional ya que lo conoce sobradamente.
SIn embargo, si acude a la marcha para defender la coacción contra los gallegos y la Constitución que está obligado a cumplir y hacer cumplir, ¿qué sentido tiene que continúe en el cargo? El mismo que tendría colocar a un delincuente al frente de Interior. Que rectifique, pues, o que deje de ocupar tan altas responsabilidades en las que no cree. Las libertades de los gallegos y del resto de españoles lo agredecerían.