El milagro no se ha producido. Tal y como se preveía, la cumbre extraordinaria de la UE sobre el presupuesto comunitario para el período 2014-2020 ha terminado sin acuerdo, que ahora se espera pueda alcanzarse en una nueva reunión prevista para el mes de febrero. En juego, casi un billón de euros.
Los principales contribuyentes a las arcas europeas han vetado, con razón, una propuesta que es claramente perjudicial para la economía comunitaria, sobre todo si se tiene en cuenta el actual contexto de crisis económica y financiera.
En un principio la Comisión Europea planteó un presupuesto conjunto de 1,03 billones de euros para el período 2014-2020. Ante las quejas que suscitó esa cifra entre los países más ricos –contribuyentes netos–, el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, planteó la posibilidad de aplicar un recorte de 80.000 millones. Aun así, su plan apenas supondría una reducción del 2% (20.000 millones) respecto al marco presupuestario vigente (2007-2013).
Los contribuyentes netos, con Reino Unido y Alemania a la cabeza, exigen un recorte muy superior. A los países del norte no les falta razón, ya que no tiene sentido que las instituciones europeas eludan apretarse el cinturón en un momento en el que la mayoría de las economías comunitarias, y especialmente las que conforman el euro, registran unos niveles de déficit y deuda pública muy por encima de lo que fijan los tratados de la UE (3% y 60% del PIB, respectivamente). En medio de la peor crisis de deuda que sufre el continente en décadas, que Bruselas cuente con el privilegio de disponer de ingentes recursos (ajenos) para su arbitraria redistribución no sólo es un sinsentido, sino un grave error. Lo que necesita la UE es menos gasto público y más libre comercio a todos los niveles.
Por ello, la postura defendida en la cumbre por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido equivocada. Es cierto que el recorte propuesto por Van Rompuy implicaría para España recibir 20.000 millones menos en los próximos siete años. Sin embargo, en primer lugar, cabe recordar que, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, España dejará de ser un receptor neto de recursos para convertirse en un contribuyente neto. Es decir, aportará más dinero al presupuesto comunitario de lo que recibirá vía ayudas y subvenciones públicas. Así pues, lo lógico es que Rajoy, en lugar de aliarse con el francés François Hollande, hubiera optado por apoyar la estrategia de la canciller germana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, David Cameron. No en vano, un presupuesto más pequeño supondría para los españoles aportar menos dinero al fondo comunitario.
Es cierto que los agricultores españoles son los segundos grandes receptores de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), pero si incrementar los fondos de la UE supone un perjuicio a la inmensa mayoría de los contribuyentes españoles, lo justo sería que Rajoy cumpliera su promesa de defender el interés general, no los privilegios de unos pocos. Además, la mayoría de las partidas son innecesarias y perjudiciales. La PAC (subvenciones agrícolas y ganaderas) se come el 37% del total, y la redistribución de ayudas a las regiones más pobres (fondos de cohesión) cerca del 48%. Casi el 90% se destina, pues, a subvencionar sectores improductivos o a redistribuir recursos desde las economías ricas a las pobres vía inversión pública. Ambas políticas han cosechado un rotundo fracaso, y el ejemplo más claro es el de España, donde regiones como Andalucía o Extremadura, pese a recibir cuantiosas ayudas, siguen situándose a la cola de Europa en materia de renta per cápita, desempleo o desarrollo económico.
La receta no es incrementar el presupuesto y, por tanto, las subvenciones, sino liberalizar las economías para que el capitalismo pueda desarrollar su auténtico potencial como generador de riqueza y empleo. La UE nació como una región de libre comercio. Ése fue su éxito. Las subvenciones y el intervencionismo serán su fracaso. De ahí que, más allá de aplicar un recorte presupuestario mayor o menor, el debate que debería plantearse Bruselas es, ni más ni menos, que la configuración de un presupuesto cero. Es decir, hacer borrón y cuenta nueva para preguntarse cuánto y a qué deben destinarse los recursos comunitarios con criterios de eficiencia económica, no de cálculo político y electoral. La respuesta sería un presupuesto mínimo y una mayor apertura comercial al exterior para subirse con decisión al tren de la globalización.