La negativa de Carles Puigdemont a convocar elecciones autonómicas no es, desde luego, uno de sus "incumplimientos de las obligaciones" que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico imponen ni de sus "actuaciones gravemente atentatorias" contra el "interés general de España" de que habla el artículo 155 de la Constitución, finalmente utilizado por el Gobierno de Rajoy para destituir a los golpistas que venían detentando el poder regional en Cataluña.
El hecho, sin embargo, de que el Ejecutivo haya aplicado el 155 como si ese fuera el problema no sólo aboca a que individuos acusados de delitos gravísimos como Puigdemont y compañía puedan concurrir a los comicios del 21-D, sino a que buena parte de las estructuras del golpe sigan intactas.
El caso más sangrante es el de los medios públicos catalanes, que han sido una de la más poderosas armas con que han contado –y siguen contando– los golpistas. No en vano en 2014, en plena crisis económica, los separatistas no se cortaron lo más mínimo en justificar públicamente el espectacular incremento de las subvenciones que recibían por su "papel principal" en el "proceso de construcción nacional" de Cataluña.
Ocuparía mucho espacio recordar el nauseabundo rol que han desempeñado los medios públicos catalanes en el desarrollo de un procés manifiesta y radicalmente ilegal desde su mera concepción. Baste con denunciar que el agitprop, lejos de mitigarse, se ha recrudecido con una aplicación del artículo 155 que no ha contemplado la clausura o la intervención fiscalizadora de aquellos.
Así, Catalunya Ràdio ha asestado este lunes a su audiencia una ominosa entrevista a los cinco cobardes exmiembros del Gobierno regional que se han dado a la fuga; ominosa entrevista en la que no sólo no se les ha apeado del tratamiento oficial, sino que se les ha brindado la oportunidad de hacer apología de sus delitos y de arremeter contra el ordenamiento jurídico. En la web de la emisora se ha esgrimido lo siguiente como justificación del traslado a Bruselas del equipo de la fanática biempagada Mònica Terribas, enemiga jurada del periodismo: "Era la única manera de hablar con parte del Gobierno que elegisteis en las urnas el 27 de septiembre de 2015 que el Gobierno de Rajoy cesó. Las cinco únicas personas de este Gobierno que están fuera de la cárcel". Todavía más bochornoso y repugnante ha sido el espectáculo que ha ofrecido el canal infantil de TV3 al presentar a los golpistas encarcelados como si se tratase de presos políticos.
Estos comportamientos, que podrían encajar en lo que el artículo 18 del Código Penal tipifica como apología del delito, han "impactado" y –dicen– indignado sobremanera a la vicepresidenta del Gobierno, la dialogante Soraya Sáenz de Santamaría. Está por ver, sin embargo, que el Gobierno los ponga en conocimiento de la Fiscalía o, cuando menos, destituya a Vicent Sanchis, el indigno director de la indigna TV3.
El 155 también está para esto. También o sobre todo. Porque no será posible derrotar a los golpistas si no se los expulsa de unos medios públicos que han convertido en sentinas saturadas de desinformación y odio.