El Gobierno secesionista de Cataluña anda soliviantado con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y ha llamado a todas las fuerzas políticas de la región, excepto a Ciudadanos y al PPC, a conformar un frente contra "este golpe de estado", en estupefacientes palabras del senador de CiU Ramon Alturo Lloan.
Qué novedad, que el Gobierno secesionista de Cataluña se alce contra una ley del Gobierno de la Nación. Como por desgracia sabemos de sobra, Artur Mas y su patulea esquerrovergente tienen a gala incumplir toda ley o sentencia que les exija velar por los derechos de la mayoría castellanohablante de su comunidad; se ufanan, sí, de marginar en las aulas de los colegios catalanes a la lengua común a todos los catalanes, el español, atropello liberticida que exhiben como timbre de gloria y certificado de buena conducta patriótica.
Hablan y actúan en consecuencia, los nacionalistas catalanes que malgobiernan el Principado. Hora es ya de que afronten las consecuencias. El Gobierno de la Nación debe poner todos los medios para garantizar que el Ejecutivo autonómico cumpla la Ley, y proceder en consecuencia en caso de que no lo haga, sin pararse en barras ni incurrir en tratos diferenciados absolutamente fuera de lugar. Por una elemental cuestión de justicia y, no menos importante, para exponer la catadura de los insumisos, que no acaban de decidirse a serlo cuando les toca hacerse responsables de sus actos.
Al desestabilizador, irresponsable e incompetente Gobierno secesionista de Cataluña hay que tratarlo como se merece, con firmeza y contundencia y sin concesiones que ofendan a la dignidad nacional. En todos los ámbitos, empezando por el económico y terminando por el judicial.