En un nuevo alarde de totalitarismo callejero, unos 200 miembros de la denominada "Plataforma de Afectados por la Hipoteca" cercaron ayer la vivienda familiar de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para proferir las consignas insultantes habituales en este tipo de acciones antidemocráticas. Es un episodio más de la campaña de acoso contra los cargos electos del Partido Popular, promovida por la izquierda para revindicar violentamente en la calle lo que no es capaz de ganar en las urnas.
Al igual que los Comités de Defensa de la Revolución de la tiranía cubana, estos grupos violentos se consideran con la potestad de vulnerar los derechos de los políticos de partidos rivales y, por extensión, los de cualquier ciudadano que no comparta sus ideas. Como en las campañas del "No a la Guerra", "Nunca Mais" o el "15-M", estas camarillas sectarias se arrogan la representación "del pueblo" y, en consecuencia, exigen que el gobierno cumpla sus mandatos entre el aplauso de los medios de comunicación y los políticos de la izquierda sedicentemente democrática.
La utilización de métodos delictivos para imponer su criterio debería ser por sí misma razón suficiente para concitar el rechazo de los verdaderos demócratas, pero es que además, deudores de una ideología basada en los más rancios esquemas marxistas, sus exigencias de fondo resultan del todo inaceptables para una sociedad moderna aunque las expusieran en el foro público con exquisita urbanidad. No de otra forma cabe entender una protesta dirigida contra la clase política, que en el fondo no busca devolver espacios de libertad a la sociedad civil, sino precisamente otorgar mucho más poder a esa misma casta... siempre que esté dirigida por estos estalinistas posmodernos y sus allegados.
A estas alturas nadie puede dudar de que se trata de movimientos organizados con un interés fundamentalmente político, más allá de apelaciones insistentes a problemas concretos como el de los desahucios, que mientras gobernó el PSOE pasaron para estos totalitarios vocacionales completamente desapercibidos. Son radicales con una extraordinaria propensión al delito y como tales han de ser tratados por la policía y los tribunales, por mucho que la propaganda de izquierdas intente presentarlos como la voz del Pueblo. Por cierto, el mismo Pueblo que, cuando se le consulta libre y democráticamente, les da con toda razón la espalda.