Parece ser que el secretario general de la UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, no ha sido el único dirigente sindical que ha falseado todos los gastos que ha presentado al cobro en la caja de la organización a fin de obtener ilegítimos sobresueldos, que oscilarían entre los 1.500 y los 2.000 euros mensuales, tal y como ha denunciado en Libertad Digital. A la vista de las nuevas informaciones que aporta Pedro Tena, el comportamiento de Fernández Sevilla, lejos de ser un caso aislado, era práctica habitual en la Ejecutiva de UGT-A.
Resulta sorprendente que tantos grupos políticos y medios de comunicación que no han dejado de poner el grito en el cielo ante casos de sobresueldos bastante menos graves como los que afectan al Partido Popular, guarden ahora un clamoroso silencio ante semejante escandalazo que afecta al principal sindicato de nuestro país. Libertad Digital no ha dejado de denunciar los efectos perversos y el lamentable reforzamiento de la partitocracia que generan los complementos salariales que la dirección del PP –y la de muchas otras formaciones– abona a todos aquellos parlamentarios que desempeñan, además, responsabilidades internas en el partido.
Pero una cosa es la cuestionable conveniencia de dichos complementos salariales y otra, infinitamente más grave, la manipulación contable y el falseamiento de gastos en los que habrían incurrido los mandamases de UGT Andalucía a fin de obtener sobresueldos absolutamente ilícitos. El sistema estaba diseñado de forma que todos los miembros de la Ejecutiva hacían exactamente al mes 924,74 kilómetros y consumían 22 dietas, justo las cantidades necesitadas para que al final dieran como resultado los 500 euros que, sumados a los 400 recibidos por actividad sindical, sumaban los 900 del sobresueldo.
Al margen de esta bochornosa "doble vara de medir", que, hasta la fecha, sólo se ha atrevido a denunciar la vicesecretaria del PP andaluz, Alicia Martínez, estos sobresueldos también explican la escandalosa negativa de sindicatos y patronal a someterse a la llamada Ley de Transparencia.
Se dirá con razón que no todos los sindicalistas son así ni todos los sindicatos se oponen a hacer públicas sus cuentas. Sin embargo, no por este hecho deja de ser imprescindible que los mal llamados agentes sociales vivan de las aportaciones de sus afiliados y no del dinero del contribuyente. Las millonarias subvenciones que siguen recibiendo constituyen el desafuero de base sobre el que descansan y se nutren todos los demás. Mientras la raíz del problema tenga abono legal, no nos extrañe que crezcan y florezcan los abusos por doquier.