Los separatistas catalanes no están acostumbrados ni dispuestos a obedecer las leyes y las sentencias judiciales que no les interesan. La más reciente prueba de ello es la violenta protesta que han montado para tratar de impedir que, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, se llevara a cabo el traslado al monasterio de Sijena de las 44 obras de arte sacro que venía reteniendo el Museo de Lérida.
A pesar de que dicha sentencia no viene sino a ratificar la que ya emitió en 2015 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca, en la que se declararon nulos de pleno derecho los contratos de compraventa de dichos bienes artísticos efectuados en 1983, 1992 y 1994 por la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena y la Generalidad y el Museo Nacional de Cataluña, grupos de separatistas catalanes han permanecido ocho horas a las puertas del Museo de Lérida para, sin vergüenza, denunciar el "expolio" y el "robo" de las piezas y apedrear los camiones que han llevado el traslado.
Aprovechando la campaña electoral, miembros de ERC, Junts per Catalunya y CUP no han dudado en recurrir al victimismo e incluido la entrega de las obras en su ominosa lista de pretendidos agravios de España a Cataluña. Así, el descalificable Joan Tardà ha afirmado que lo sucedido es "un ejemplo de lo que le puede ocurrir en Cataluña en el caso de que los partidos políticos que han legitimado y avalado el artículo 155 ganen las elecciones".
Si no fuera, ciertamente, por la intervención de la Administración regional catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución, los golpistas jamás habrían cumplido con la referida resolución judicial y le habrían hecho el mismo caso que han hecho a todas las que les han contrariado desde que iniciaran su ilegal proceso secesionista, en 2012. Esta vez, el comportamiento de los Mossos d'Esquadra –al igual que, como siempre, el de la Guardia Civil– ha sido impecable.
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, debe explicar –y pedir explicaciones–del mal estado de conservación de algunas de las obras de arte recuperadas, y la razón del supuesto extravío de una de ellas, habida cuenta de que el Museo de Lerida sólo ha entregado 43 de las 44 obras judicialmente requeridas. Pero, sobre todo, lo que debe hacer Sáenz de Santamaría, en el ejercicio de sus funciones al amparo del artículo 155, es destituir sin más dilación al impresentable delegado de Cultura de la Generalidad en Lérida, Josep Borrell i Figuera, que ha tenido la desvergüenza de amenazar a los ciudadanos de Aragón con negarles asistencia sanitaria por haber tenido la osadía de exigir que se cumpliera una decisión judicial.
La actitud del tal Borrell i Figuera es una muestra más de hasta qué punto estaba legitimada la intervención de la Administración regional catalana, así como de lo superficial que está siendo. En cualquier caso, mientras dure dicha intervención, ese tipejo es un subordinado directo de la vicepresidenta y no debe durar un segundo más en el cargo.