Tal y como presagiábamos hace una semana desde esta misma tribuna, la actitud que el Gobierno español ha tomado respecto al conflicto del Sahara es la que se esperaba de Zapatero que, si por algo se ha caracterizado en materia exterior, es por defender mejor que nadie los intereses de Marruecos. Ni la recién nombrada ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ni, por descontado, el presidente del Gobierno, han hecho nada útil desde que comenzase la operación de castigo por parte del ejército marroquí en El Aaiún.
Primero se escondieron. Rehusaron ambos dar explicaciones ante la prensa cuando el desafuero marroquí copaba las portadas de todos los periódicos. Jiménez, de hecho, se fue de viaje a Colombia y no hizo intención alguna de anticipar su regreso. Luego, en el momento en el que la violencia se había salido de madre y ya era imposible ocultar los desmanes de los militares marroquíes, trataron de templar gaitas quitándole hierro al asunto.
Más tarde, con la morgue llena de cadáveres –entre los que encontraba uno de origen español– y con la prensa acorralada, la ministra se limitó a protestar suavemente. Rabat, entretanto, arremetía con furia contra la prensa española y hasta contra el Partido Popular. Zapatero tan sólo acertó a trasladar su "malestar" al Gobierno marroquí al tiempo que enviaba al ex ministro Moratinos a Tánger para que se entrevistase con Fassi Fihri, ministro de Exteriores del régimen alauita.
Como se puede comprobar, una torpeza detrás de otra, impropia de un Gobierno democráticamente elegido de un país europeo que, para colmo, tiene una singular vinculación histórica con el Sahara Occidental. Poco ha importado que simpatizantes gubernamentales como los sindicatos o los actores de la ceja se manifestasen en Madrid en repulsa de la represión marroquí, o que las voces para que se detenga la matanza de El Aaiún salgan ya de todos los lados. Zapatero no quiere ni oír hablar de este asunto y permanece callado en espera de que amaine la tormenta.
A pesar de que el territorio está nominalmente administrado por nuestro Gobierno, y que España tiene una deuda moral con sus habitantes tras haberles dejado tirados hace más de tres décadas, ni en Moncloa ni en el PSOE quieren hacerse cargo del muerto. Se alcanza de este modo la mayor cota de servilismo hacia Marruecos de toda nuestra historia reciente. Marcelino Iglesias, secretario de organización de los socialistas, se ha limitado a "exigir" a Rabat que respete los derechos humanos y que deje trabajar a los periodistas. De condenas ni hablar, no vaya a ser que el tirano alauita se ofenda más de la cuenta y las cosas terminen de complicarse para los españoles que aún continúan en el Sahara realizando labores de ayuda humanitaria. Que Dios les coja confesados, a ellos y a los saharauis que osen seguir protestando contra la ocupación. Nuestro Gobierno sirve al de Marruecos con mejor gana que los propios marroquíes. Inaudito.