No deja de ser tristemente elocuente el hecho de que los mismos partidos y medios de comunicación que han silenciado la protesta de Voces contra el Terrorismo del pasado sábado hayan puesto ahora el altavoz al más reciente intento de los proetarras de volver a burlar la Ley de Partidos con la fundación de una "nueva" formación que asegura "rechazar" la violencia, "incluyendo la de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones".
Además de que el más elemental sentido de la responsabilidad y de la decencia exigiría poner en cuarentena cualquier declaración procedente del entorno etarra, cabe señalar que lo que han declarado históricos de Batasuna, como Echevarria o Iruin, respecto a los estatutos de esta última tapadera política de ETA, en modo alguno constituye ni una petición de perdón a las víctimas del terrorismo, ni una condena a ETA, ni menos aun una renuncia a los delirantes y totalitarios objetivos por los que los etarras han declarado numerosa treguas a lo largo de su criminal historial de "lucha armada". Lo único que suponen estas declaraciones, en plena tregua de los pistoleros, es un no menos estratégico y utilitario rechazo genérico a la violencia, con el que en realidad se está equiparando la violencia de los terroristas con la violencia legitima de un Estado de Derecho que, como tal, no debería admitir intermitencias en su lucha por preservar la ley y la libertad de los ciudadanos.
"Incluyendo la violencia de ETA, si la hubiera", dicen estas apenas disimuladas correas de transmisión de la banda terrorista. Vamos, como si la tregua de la banda no fuera eso, un mero cese temporal y condicionado de una violencia que, por esos mismos motivos, permanece amenazante, implícita y latente mientras los terroristas y sus voceros no asuman su derrota y declaren su irreversible disolución.
ETA ya ha demostrado hasta la náusea para qué ha declarado sus treguas y para qué ha permitido que su brazo político cambie de siglas en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo. Aquí quien tiene que demostrar que no va a ejercer de "tonto útil" de los terroristas, por primera vez y desde la creación por parte de ETA de Herri Batasuna, es el Gobierno y su dependiente Fiscalía, la única, desgraciadamente, que puede instar los procesos de ilegalización.
Sencillamente, tras décadas de tolerada representación y subvención pública de los proetarras, ya no hay trampas en las que la estupidez de nuestras élites pueda ampararse sin despertar sospechas de complicidad.