Alfredo Pérez Rubalcaba no muestra la más mínima preocupación por las perspectivas judiciales que se deducen del caso Faisán, y la acumulación de evidencias en torno a uno de los mayores escándalos de la democracia no parece suficiente para que el PP ejerza de forma activa sus funciones y cuestione al vicepresidente sobre su papel en el chivatazo a la red de extorsión de ETA o sobre su demora en satisfacer las peticiones judiciales en torno al 11-M. Esos dos asuntos forman parte de la agenda de la actualidad; aparecen un día sí y otro también en los medios y son fundamentales para desentrañar las posibles responsabilidades policiales y políticas en la ocultación y manipulación de pruebas. No se trata, por tanto, de historias ya prescritas, sino de expedientes en activo, de vigencia plena y cuyas consecuencias deberían haber incluido ya varias dimisiones, entre ellas las de Rubalcaba y su número dos, Camacho.
Tanto el 11-M como los contactos con ETA demuestran la tendencia innata del PSOE a la opacidad, su inclinación hacia los bajos fondos, su propensión a los atajos y su más absoluta falta de respeto por las formas y los cauces democráticos y legales. No hace falta remitirse al funesto episodio de los GAL para connotar al habilidoso Rubalcaba como uno de los principales artífices de una suerte de leyes de punto final sobre todo aquello que le incomoda, le afecta o le apunta directamente. La terca realidad sitúa al vicepresidente demasiado cerca de las zonas de penumbra, a un paso de las cloacas o en pleno chapoteo. La ausencia absoluta de explicaciones por su parte sobre los hechos ocurridos en torno al bar Faisán, en torno a un soplo a la banda terrorista para que evitara la caída de su aparato de chantaje, es un ejemplo palmario de impunidad política con extensiones judiciales.
Al vicepresidente parece bastarle un gesto para desactivar las iniciativas judiciales que puedan poner en riesgo sus planes. Basta con observar el itinerario del caso Faisán por la Audiencia Nacional para concluir en el más absoluto pesimismo respecto al esclarecimiento de lo sucedido y la atribución de responsabilidades. Rubalcaba no puede permitir que los manejos de la penúltima tregua afloren y menos ahora, cuando se está gestando el clima propicio para la legalización de la vieja Batasuna, lo que incluye nada sutiles presiones a los jueces por parte del propio vicepresidente y primer aspirante a sucesor. Lo singular es que le sobre con apelar a la paz para convertir a quienes exigen la verdad, además de memoria, dignidad y justicia, en cómplices de la perpetuación del terrorismo.
Afectado por su condición de químico, Rubalcaba exhibe grandes conocimientos sobre fotones y ondas, pero nada ha dicho de momento sobre la catálisis, que es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. La sucinta definición evoca perfectamente el rol del vicepresidente en operaciones como las que se derivan de los contactos con ETA, tanto los presentes como los pasados, en los que el vicepresidente parece ejercer de catalizador sin que eso le acarree ninguna modificación sustancial tanto en estatus como en consideración. Otra cosa es que la transformación química que se intenta en este caso haya sido probada ya con ningún éxito.
Sería de una ingenuidad pasmosa aspirar a una clarificación sin paliativos del chivatazo en un país en el que hasta el Rey asume la imposibilidad, parece ser que metafísica, de llegar al fondo de asuntos como el 23-F y el 11-M, tal como se ha puesto de manifiesto en este diario. No obstante, sorprende que la oposición asuma con tanta docilidad los criterios de Rubalcaba sobre lo acontecido en el bar Faisán, entre otros tantos asuntos. Sobre todo cuando esos criterios son que aquí no ha pasado nada, como siempre que se trata de Rubalcaba. Sin embargo, de las declaraciones de los policías, de los informes periciales, de los números de móvil, de las contradicciones, de los testimonios recabados y de los mismos hechos se desprenden responsabilidades sobre las que él tendría que responder como poco en sede parlamentaria.