Los medios de comunicación públicos son una indeseable herencia que el totalitario y colectivista siglo XX nos ha legado. Lenin, Stalin, Mussolini y Hitler advirtieron las enormes posibilidades que para el adoctrinamiento e intoxicación de las “masas” ofrecía la radio. Tal grado de “maestría” alcanzó Joseph Göbbels en la manipulación de los medios de comunicación de la Alemania nazi que muchos alemanes aún creían que los rusos se hallaban a miles de kilómetros cuando oyeron los primeros cañonazos sobre Berlín.
La II Guerra Mundial, y después el auge del comunismo, convencieron a los gobernantes europeos de la “necesidad” de disponer de un armas de contrapropaganda en régimen de monopolio (el caso de la televisión) o semimonopolio (la radio pública). Sólo los vientos liberalizadores llegados de ultramar en la década de los ochenta y la decadencia del imperio soviético rompieron el monopolio público de la televisión, empleada intensivamente, ya no en contrarrestar la influencia soviética, sino en la elaboración de publirreportajes al servicio del partido de turno en el poder. En España tardamos algo más; concretamente, hasta que el PSOE se aseguró su tercera legislatura en el Gobierno apoyándose en el órgano de propaganda política por excelencia, los informativos de RTVE, hábilmente arropados por onerosas programaciones de máxima audiencia que ni siquiera las millonadas cobradas a los anunciantes podían sufragar.
Una de las promesas electorales en las que más insistió en Partido Popular cuando estaba en la oposición fue la voluntad de acabar con los órganos de propaganda política pagados por el contribuyente y en franca competencia desleal con los medios privados. El PP sufrió en sus propias carnes la parcialidad de los informativos de RTVE. Sólo la inverosímil marea de corrupción que ahogaba al PSOE y la valiente labor de denuncia de los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en España hizo posible que el PP llegara a la Moncloa.
Pero las cosas se ven de distinta manera desde el poder. Casi seis años lleva el PP en el Gobierno, dos de ellos con mayoría absoluta, y no sólo no se le conocen intenciones de reformar definitivamente el estatuto de los medios públicos, sino que amenaza con añascar un pedazo del pastel publicitario para Radio Nacional de España. Es cierto que el déficit del Ente Público ronda ya el billón de pesetas, y que una gran parte de él se acumuló en la etapa socialista, por lo que los ingresos por publicidad aliviarían algo el peso de una deuda tan enorme. Pero de seguir este camino, el Gobierno del PP, además de incumplir sus promesas electorales, iría en contra de la filosofía económica que ha mantenido hasta ahora y que tan buenos resultados ha dado para España: el mercado y la libre competencia.
El Ente Público sigue recibiendo cuantiosas subvenciones (casi un diez por ciento de sus ingresos) con las que no cuentan las emisoras privadas, que viven exclusivamente de la publicidad. Teniendo esto en cuenta, es lamentable que Eduardo Olano, el gerente comercial de RTVE, se congratule porque los ingresos por publicidad del Ente hayan disminuido menos que los de los medios privados, máxime cuando se anuncia la posible entrada de RNE en el mercado publicitario.
Si el Tribunal de Defensa de la Competencia pudiera pronunciarse, es probable que calificara estas prácticas como competencia desleal. Pero en asuntos de competencia, el Estado siempre está por encima del común de los mortales, y no tendría sentido competir por la audiencia si no fuera por los informativos, ni tampoco lo tendría participar del pastel publicitario si no es porque captar audiencia desde la tradicional ineficacia de lo público es escandalosamente oneroso.
Es una lástima que el Gobierno no aproveche la ocasión que le brinda la mayoría absoluta para liquidar el Ente (no se pudo elegir mejor —o peor, según se mire— la palabra) y prefiera seguir utilizándolo como as en la manga para el póker de la propaganda política. El PP ha olvidado sus padecimientos en la oposición, y también ha olvidado que si alguien no está dispuesto en ningún caso a renunciar a los publirreportajes políticos pagados por el contribuyente es el PSOE, que no dudará en emplear de nuevo esta arma cuando sustituya a los populares en el poder.
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