Zapatero ha asegurado este lunes al portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, que en el acuerdo en materia antiterrorista que alcanzó el pasado miércoles con el líder del PP, Mariano Rajoy, "no hay ningún pronunciamiento explícito que rechace un fin dialogado de la violencia", y que, además, "en ningún momento" está en su ánimo vincular el fenómeno nacionalista con la lucha contra ETA.
Si no fuera por la ceguera voluntaria a la que conduce el deseo de caer "simpáticos" a los nacionalistas y el no querer ser calificados de "crispadores" por los socialistas, todos deberíamos tener claro que Erkoreka, más que "desvelar", lo que ha hecho es confirmar una disposición al diálogo con ETA de la que Zapatero jamás se ha retractado, y a la que sigue apuntando, no sólo la cierta y efectiva ausencia de pronunciamiento en su contra tras el "acuerdo" con Rajoy, sino también la persistente y reiterada negativa del Gobierno a derogar una resolución parlamentaria que, desde antes de la última tregua de ETA, aboga por ese eufemismo del "final dialogado" con el que durante tantas décadas se ha encubierto la oferta de impunidad.
Bien es cierto que sobre la base de ese error, suscrito por todos los partidos en el Pacto de Ajuria Enea y en el que han incurrido todos los gobiernos anteriores, Zapatero edificó y perpetró la inédita infamia de prenegociar un tregua terrorista que no sólo incluía precios penitenciarios sino también otros precios políticos como fue la negociación de un nuevo marco jurídico-político para el País Vasco y Navarra.
También es cierto que en la actual "fase de confrontación" –como la ha llamado Rubalcaba– entre el Gobierno y ETA, el innegable éxito de nuestras fuerzas policiales en su labor de acoso y detención de terroristas refuerzan la imagen de que Zapatero "ha rectificado"; imagen tan falsa como lo es todo aquello que no es del todo cierto, pero que, sin embargo, también apuntalan las condescendientes y reconciliadoras declaraciones del principal líder de la oposición.
En cualquier caso, si Rajoy nos quiere convencer de que la política que ha acordado con Zapatero no radica en pasar página al espíritu y la letra del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo –tal y como apunta la propia disposición de los secesionistas del PNV a sumarse al acuerdo–, lo que debe hacer el líder de la oposición es salir al paso de las declaraciones de Erkoreka y exigir a Zapatero que se desmarque tanto del final dialogado de la violencia como de la ceguera de no ver la naturaleza y complicidades nacionalistas del terrorismo de ETA.
Obviamente Rajoy tiene el deber de respaldar al Gobierno cuando este reactiva el funcionamiento del Estado de Derecho, pero también tiene el deber de criticarlo cuando de forma paralela Zapatero neutraliza el efecto penal y disuasorio que conllevan las detenciones al ir acompañadas de una oferta de "final dialogado" que oxigena a la banda tanto como traiciona el imperio de la ley.
Ahora que hasta en los sitios más insospechados se vuelven a oír los cantos de sirena de una supuesta disposición de presos de ETA favorables al abandono de las armas, es más necesario que nunca dejar claro que no hay mejor forma de desarmar a los etarras que haciéndolos ingresar en prisión sin cuestionar la certeza de las penas a lo que hagan o dejen de hacer los criminales que permanecen prófugos de la justicia. Los precios penitenciarios son también precios políticos. Y tan inamovibles como las fronteras físicas deben ser las que configuran a la nación como Estado de Derecho y garantizan a las víctimas su derecho a la Justicia.