El 4 de abril del año pasado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras incrementar las transferencias a las autonomías y avalar su demencial endeudamiento mediante los llamados hispabonos, envío un contundente mensaje a los gobernantes autonómicos: dijo que ya no aceptaría “más excusas ni pretextos” para no cumplir con el objetivo de reducción del déficit. Montoro les recordó que la entonces recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria disponía de un mecanismo de “vigilancia, sanción e intervención”, ante el que no cabían “posturas autóctonas” y que dotaba al Gobierno de “suficiente armadura para hacer cumplir los objetivos de consolidación fiscal”.
Más de un año después, y tras el clamoroso incumplimiento de muchas comunidades autónomas de no superar el tope del déficit, fijado para 2012 en el 1,5%, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no ha cumplido las advertencias de intervención contra las incumplidoras, sino que las ha premiado con un tope de déficit superior al que tendrán en 2013 los gobernantes que sí han cumplido con el ritmo de reducción de sus desequilibrios presupuestarios.
Ante el lógico malestar que este déficit diferenciado ha causado entre los gobernantes que sí han hecho durante 2012 el esfuerzo de ajustar sus gastos a sus ingresos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo el martes la desfachatez de pedirles “alturas de miras” y abogar por no tirarse "los trastos a la cabeza”. Los representantes de Madrid, Galicia y Extremadura, todos ellos del PP, han ratificado, sin embargo, su postura contraria a este déficit diferenciado con el que el Gobierno ha beneficiado a quienes han hecho caso omiso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, especialmente la Generalidad de Cataluña.
Aunque el Gobierno autonómico catalán no haya sido el único que ha incumplido el objetivo de reducción del déficit en 2012 –Valencia, Murcia y Andalucía han tenido, de hecho, desequilibrios presupuestarios superiores–, a diferencia de los demás, sí tuvo un ingente y privilegiado apoyo financiero proveniente del Fondo de Liquidez Autónomica, sin el cual su grado de incumplimiento habría sido todavía peor. Por otra parte, y sobre todo, no hay que olvidar que el Gobierno de Cataluña se halla completamente inmerso en un proceso de transición nacional radicalmente ilegal, lo que hace todavía más intolerable la permisividad deficitaria que le otorga Rajoy.
No, no hace falta mucha “altura de miras” para saber que la renuencia de Rajoy al enfrentamiento le está llevando a contribuir decisivamente a la desvertebración de España y a que en 2013 el número de comunidades relajadas en materia de reducción del déficit sea aún mayor.