A mediados del pasado mes de abril, Mariano Rajoy declaró, en un encuentro organizado por el Instituto de la Empresa Familiar: "Estamos sólo en el kilómetro cero de la senda reformista que se va a prolongar hasta el último día de la legislatura". Aquella autocomplaciente afirmación ya resultó alarmante para todos aquellos que abogaron por unas elecciones anticipadas y un traspaso de poderes lo más rápido posible, que permitiera al nuevo Gobierno emprender cuanto antes las múltiples y profundas reformas que exigía la dramática situación económica e institucional en la que nos había dejado el Ejecutivo de Zapatero. Lo más grave es que, un año después, podríamos afirmar que seguimos en ese mismo kilómetro cero, y que el reformismo corre el riesgo de devenir continuismo.
Con la excepción de la del mercado laboral –muy modesta, aunque encomiable si la comparamos con los cosméticos ajustes que supusieron las anteriores–, todas las grandes reformas siguen pendientes de ejecución.
En lugar de abordar el déficit oculto dejado por Zapatero con un mayor recorte del gasto público que el que tenía previsto ejecutar, Rajoy, incumpliendo sus compromisos electorales, decidió llevar a cabo una subida generalizada de impuestos que, además de mermar gravemente nuestras posibilidades de recuperación, no está consiguiendo reducir –todo lo contrario– los altísimos niveles de déficit y endeudamiento públicos. Lejos de emprender urgentes y profundas reformas destinadas a reducir drásticamente nuestro burbujístico sector público, Rajoy ha tratado de apuntalarlo con una esterilizante subida de impuestos y, en menor medida, con sistemas de copago que, aunque supongan una racionalización de la demanda de bienes y servicios aparentemente gratuitos, no dejan de ser meros parches.
Una vez en el Gobierno, Rajoy llegó incluso a afirmar que ni se planteaba la reforma de nuestro insostenible modelo autonómico; finalmente, no hará sino crear una comisión de expertos destinada al estudio de la supresión de duplicidades, tal y como nos anunció hace escasos día la vicepresidenta del Gobierno. Han sido nuestros acreedores los que han limitado en alguna medida el derroche de nuestras comunidades y ayuntamientos, no legislación nacional alguna destinada a limitar déficits y endeudamientos; aquí, ese tipo de normas se cumplen menos que la Ley de Partidos.
Aun dando por buena la discutible decisión de recurrir al dinero del contribuyente para socorrer al sistema bancario, aun está por ver que los más de 50.000 millones de euros destinados a tal efecto vayan a servir de algo, tal y como algunas voces vienen tiempo advirtiendo.
Por otro lado, la actitud del Gobierno ante los manejos de los testaferros de Batasuna da la razón a los que denuncian una terrible inercia en este punto, cuando Rajoy, estando en la oposición, no dejó de clamar contra los acuerdos alcanzados por Zapatero y ETA. La política penitenciara está presidida por la continuidad, así que, lejos de orientarse hacia el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas, persiste en la apaciguadora línea del acercamiento de presos y los beneficios penitenciarios, como ilustra el bochornoso caso Bolinaga.
No tuvimos reparo alguno en dedicar dos editoriales consecutivos a elogiar a Gallardón por las prometedoras y amplias reformas que anunció en Justicia. Pero lo cierto es que, a día de hoy, seguimos esperando que las lleve a cabo, especialmente las destinadas a impulsar la separación de poderes mediante la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ.
El Ejecutivo del PP no sólo no ha hecho nada por hacer que se cumplan las sentencias de nuestros más altos tribunales respecto, por ejemplo, del estatuto catalán o de la ilegal inmersión lingüística. Es que tampoco ha hecho nada por frenar, ni política ni jurídicamente, la deriva separatista de unos nacionalistas que ahora amenazan abiertamente con celebrar referendos ilegales en pro de la secesión. Por no hacer, el Gobierno ni se ha atrevido a denunciar la corrupción económica de los nacionalistas.
También en esta crucial tarea de recuperar España como nación de individuos libres e iguales ante la ley seguimos, desgraciadamente, en el kilometro cero.