Lo llamen "referéndum", tal y como hacían antes de que el Congreso se opusiera en 2012 a transferir a la Generalidad la competencia para poder convocarlo; lo llamen "consulta", como pasaron a hacer al amparo de la inconstitucional Ley de Consultas; lo llamen "proceso participativo", tal y como hacen tras la suspensión de dicha norma por parte del Constitucional, lo cierto es que "el Gobierno de Cataluña mantiene el objetivo de organizar la consulta el 9 de noviembre de 2014". Esto es, al menos, lo que ha asegurado este martes el presidente de la Generalidad, quien ha asegurado que "habrá locales abiertos para que la gente pueda participar y habrá urnas y papeletas".
El tiempo dirá si esta "consulta alternativa", que ya adelantaron la semana pasada La Vanguardia y El Periódico, se celebra el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, tal y como dijimos entonces, este plan B, o C, no por esperpéntico y chapucero deja formar parte de un desafío separatista al Estado completamente ilegal.
Mucho se podrá criticar, en este sentido, el trilerismo de Mas, quien pretende dar una apariencia de legalidad a este bochornoso "proceso participativo" basándose en los artículos no anulados de la Ley de Consultas; mucho se podrá ridiculizar su plasmación, si es que finalmente se perpetra; pero no menos criticable es el diagnóstico triunfalista que ha hecho buena parte de la prensa madrileña este martes al asegurar en sus principales titulares: "La ley doblega a Artur Mas", "La Ley vence a Mas", “Más se rinde”. Lo cierto es que, a día de hoy, Mas sigue empecinado en burlar la legalidad y plantear la misma pregunta acordada en un “proceso participativo” para el que dice contar con más de 20.000 voluntarios, urnas, locales y papeletas, así como con la implicación de más de 900 ayuntamientos.
No cabe sorprenderse de que a Rajoy "la excelente noticia le haya durado horas", tal y como ha afirmado en su declaración un descarado Mas, y que el presidente del Gobierno haya corrido nuevamente a ofrecer diálogo a quienes tantos han dado por "doblegados".
Es cierto que este nuevo plan de Mas ha dañado el consenso de las formaciones separatistas en su desafío al Estado, y es cierto también que la carrera política del presidente catalán muy probablemente se venga abajo. Pero ¿qué celebra la prensa de Madrid? ¿Celebra acaso el avance de ERC, cuyos representantes lo que reprochan a Mas es que no desafíe más abiertamente al Estado? ¿Celebra que el "proceso de transición nacional" catalán, que ni empieza ni acaba el 9 de noviembre, pase a ser liderado no por CiU sino por Esquerra? ¿Qué clase de "imperio de la Ley" celebran, cuando se permite que en Cataluña sigan operativas y a cargo del contribuyente numerosas estructuras de Estado y un Consejo Asesor para la transición Nacional? ¿Quizá celebran el caso omiso que las autoridades catalanas hacen a las sentencias contrarias a la inmersión lingüística?
Por ridículo que resulte el empecinamiento de Mas, más patético resulta ver cómo se consiente que la máxima autoridad del Estado en Cataluña diga abiertamente que su "adversario" es el Estado español. Claro que para justificar la pasividad de Rajoy es imprescindible no contemplar ni querer contemplar un escenario distinto en Cataluña que el del cumplimiento de la ley. Y esa es la más grave y patética de las mentiras.