Tal y como advertimos, reiteradamente, con ocasión de su injusta excarcelación, el etarra Alberto Plazaola se ha dado a la fuga tras anular el Tribunal Supremo su puesta en libertad y ordenar su reingreso en prisión. Y menos mal que el otro etarra injustamente excarcelado con él en diciembre –Santiago Arrospide, alias Santi Potros– fue poco tiempo después detenido por un antiguo procedimiento referido a un intento de asesinato; porque, de haber seguido en libertad, tampoco hubiera extrañado que este último hubiera también aprovechado la clara oportunidad de fuga.
Quién sabe si los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro fueron conscientes de la injusticia que cometían al decretar, el pasado día 5 de diciembre, su puesta en libertad. Pero sigue resultando asombroso que estos tres magistrados ignorasen en el momento de hacerlo que la Ley 7/2014, por la que se transponía al ordenamiento jurídico español una decisión marco tomada por el Consejo de Europa en 2008, no iba a beneficiar a etarras como Arrospide o Plazaola, que aspiraban a que se les descontase de su pena los años de prisión pasados en Francia.
Si esa excarcelación, clamorosamente contraria a Derecho y anulada por el Supremo, debía ser razón más que suficiente para apartar o al menos amonestar a estos tres magistrados, el hecho de que uno de los etarras se haya dado a la fuga hace que las dudas se extiendan al Ministerio del Interior.
Aunque sea cierto que, con ocasión de la excarcelación de Plazaola y Arrospide, el Gobierno hizo suya la indignación de las victimas, no es menos cierto que era responsabilidad de Interior que esos etarras no estuviesen en paradero desconocido hasta que el Supremo corrigiera, como no podía ser de otra forma, el formidable entuerto judicial –por decirlo suavemente– que habían creado los tres magistrados antes mencionados. Téngase en cuenta, además, que ya el pasado 13 de enero el Tribunal Supremo rechazó descontar las penas de los etarras cumplidas en Francia, por lo que era cuestión de días que se diese orden de reingreso en prisión.
Quién sabe si el Gobierno de Rajoy, a la hora de detener a Plazaola, será algo más competente de lo que lo ha sido para evitar su fuga o para apresar a otros célebres etarras, supuestamente en busca y captura, como De Juana Chaos, Troitiño o Josu Ternera. Lo que es un hecho es que este 11 de marzo ha vuelto a ser un día negro para la memoria, la dignidad y la justicia debida a las víctimas del terrorismo.