El Observatorio de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU ha tenido el acierto de otorgar uno de sus premios Puerta del Recuerdo a la Asociación Víctimas del Terrorismo, que cumple treinta años de existencia. Su presidenta, Ángeles Pedraza, tras recibir el premio de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aprovechado su discurso de aceptación para denunciar el "falso final" de la banda terrorista y para recordar que el lema de "Memoria, Dignidad y Justicia" debe servir para ser "exigente con los vivos para defender la dignidad de los ausentes". En este sentido, Pedraza ha reivindicado el derecho de las víctimas a pedir un final de ETA que suponga la derrota de los terroristas y que no sirva para "alfombrar" su regreso a las instituciones. Tras mostrar su indignación por que "nadie mueva un dedo" para evitar que una formación proetarra como Amaiur esté en las mesas electorales el 20-N, Pedraza también ha querido denunciar la "equivocación" que cometen aquellos que distinguen el sufrimiento de las víctimas y su derecho a la justicia de las demás cuestiones políticas.
La entrega de este premio y la manifestación que se celebrará el próximo sábado son espléndidas oportunidades para que las víctimas del terrorismo y el resto de los ciudadanos puedan alzar su voz contra esta paz envilecida; una voz que buena parte de nuestras élites políticas y mediáticas tratan de silenciar, cuando no traicionar, con propuestas que parecerían destinadas a ver quién es el que más rápido y en mayor medida atiende a la repugnante hoja de ruta de ETA. Una hoja de ruta que ETA ha fijado tanto en su último comunicado como en el Acuerdo de Guernica, en la Carta de los Presos y en la Conferencia Internacional de San Sebastián.
Si, desde el PNV, Íñigo Urkullu ha pedido la derogación de la ya derogada de facto Ley de Partidos, desde el PSE y el Gobierno vasco Patxi López ha puesto en marcha una oficina para reinsertar a etarras huidos de la Justicia. El ministro del ramo, Francisco Caamaño, ha hecho unas declaraciones en las que no ha descartado la concesión de indultos a presos etarras, en general, y a Otegui, muy en particular: "Más allá de las responsabilidades penales, todo lo que sea caminar en la consolidación de este proceso siempre será bienvenido", ha dicho. Desde CiU, Duran Lleida ha denigrado la apelación a la Justicia que hacen las víctimas como si de una apelación a "la venganza" se tratara. El silencio del PP, mientras tanto, resulta atronador.
A todo ello hay que sumar la puesta en libertad, nada más ser detenido en Francia, de un miembro de Segi -las ilegalizadas juventudes de ETA- que estaba en busca y captura desde que aprovechó su puesta en libertad bajo fianza para darse a la fuga y evitar un juicio por delitos de terrorismo callejero, por los que el fiscal le pedía nueve años de cárcel. Ignoramos si esta puesta en libertad responde a la nueva "colaboración antiterrorista" que nuestro Gobierno está pidiendo al país vecino, pero no nos extrañaría que, también ante este caso, el ministro Caamaño nos saliera con que, "más allá de las responsabilidades penales, todo lo que sea caminar en la consolidación de este proceso siempre es bienvenido". Lo cierto es que el Gobierno socialista no ha dado la menor explicación ni ha elevado la más mínima queja por la liberación de tal sujeto, e ignoramos si acaso no habrá protestado por la detención.
No menos preocupante es la sorprendente decisión del Tribunal Supremo de anular una sentencia, dictada en octubre del año pasado por la Audiencia Nacional, que condenó a seis años de prisión a 15 miembros de Segi por un delito de integración en organización terrorista. El Supremo ha ordenado que se vuelva a dictar la resolución porque considera que "no se motivó suficientemente las condena". El tiempo dirá si esta decisión judicial está justificada o forma parte del "polvo del camino" por el que tantos quieren volver a caminar. El hecho es que ese sucio camino vuelve a estar a la vista, tanto como al margen de nuestro Estado de Derecho. Lo penoso es que ya nadie en nuestra clase política denuncia semejante traición; traición no sólo a los muertos, también a los vivos y a las generaciones venideras.