Acosado por denuncias de corrupción, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha anunciado este miércoles su decisión de dimitir una vez que su partido haya designado un nuevo presidente en las elecciones primarias convocadas para el próximo 17 de septiembre. Por mucho que Olmert considere que en el caso por el que se le investiga –los supuestos sobornos de un empresario judío estadounidense cuando era alcalde de Jerusalén y ministro de Industria– se le ha negado la presunción de inocencia, lo cierto es que su cese no sólo está justificado por este escándalo de corrupción, sino también por el evidente desgobierno y pérdida de reputación que padece Israel desde que su Gobierno brindó una victoria moral a los terroristas de Hezbolá durante la segunda guerra del Líbano.
Olmert debería haber dimitido, como poco, desde se hizo pública la investigación oficial de la comisión Winograd, hace más de un año y en la que se acusaba al Gobierno y a la cúpula militar de los "amplios y graves errores" de aquella contienda desatada por el secuestro por parte de Hezbolá de dos soldados israelíes. De hecho, los otros dos principales responsables de la intervención además de Olmert, los entonces ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, Amir Peretz y Dan Halutz, ya no se encuentran en dichos cargos a consecuencia de su actuación durante el conflicto.
Aquella contienda, cuyas hostilidades puso formalmente fin la incumplida resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tampoco consiguió su otro objetivo principal, el de desarticular al grupo liderado por Hassan Nasralá, quien desde entonces no ha desperdiciado ninguna intervención pública para ridiculizar a Israel.
Dos años después, ni la resolución 1701, ni las fuerzas de interposición de la ONU han evitado el rearme de Hezbolá. Los "pacificadores" de la ONU se han cruzado de brazos ante su reabastecimiento a manos de Irán. Se estima que Hezbolá tiene 40.000 cohetes desplegados al norte de la frontera, y que está en disposición de poder atacar prácticamente cualquier parte de Israel. En el sur del Líbano hay más de 2.000 terroristas que, según la inteligencia militar del Estado judío, han construido sofisticados búnkeres subterráneos con plataformas de lanzamiento de cohetes y proyectiles de mortero que pueden ser disparados por control remoto.
Por si esto fuera poco, la pasiva pusilanimidad de Olmert ha llegado al insuperable extremo de liberar, hace unas semanas, a cinco conocidos y sanguinarios terroristas –entre otros presos de los que se ignora su nombre y su número– a cambio de los cadáveres de los dos soldados israelíes cuyo secuestro desató aquella contienda.
En su tardío y justificado anuncio de dimisión, Olmert ha manifestado sentirse "orgulloso de ser primer ministro de un país en el que se investiga a sus primeros ministros". Puede estarlo, porque Israel es una isla de democracia amenazada por un mar de fanatismo totalitario. Pero precisamente para que lo siga siendo, Israel tampoco puede perder su reputación defensiva ni su capacidad disuasoria que tantos reveses ha sufrido durante el desdichado –y no sabemos si corrupto– mandato de Olmert.