La entusiasta bienvenida que los separatistas han brindado a Arnaldo Otegi en su visita al Parlamento catalán no por nauseabunda deja de resultar absolutamente lógica. El veterano vocero de ETA fue, sin duda, uno de los grandes artífices –junto a los magistrados del Tribunal Constitucional Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asua y Pascual Sala– de que ETA lograra burlar la supuestamente vigente Ley de Partidos, así como las sentencias de ilegalización de los proetarras dictadas por el Tribunal Supremo.
La plataforma Bateragune –por cuya gestación Otegi fue condenado– sólo fue un embrión, un punto de encuentro entre los batasunos, sectores de EA, Aralar y el sindicato ELA para poner en marcha lo que luego se plasmaría en diferentes siglas, como Sortu, Bildu y Amaiur, formaciones todas ellas posteriormente legalizadas por los magistrados del Constitucional designados por el PSOE.
Aquella infame sentencia del TC de mayo de 2011 –rendida no al imperio de la ley, sino a la paz envilecida que anunciaba ETA en su comunicado de "cese definitivo de la violencia"– fue lo que permitió a la encapuchada dirección de la organización terrorista celebrar públicamente el haber "ganado la batalla de la ilegalización" y a Arnaldo Otegui jactarse públicamente: "Empezamos siendo cuatro o cinco y ya somos 313.000".
Los separatistas catalanes, por su parte, siempre estuvieron en contra de la Ley de Partidos y de apartar legalmente de las instituciones a quienes se negasen a condenar los crímenes perpetrados por el terrorismo nacionalista vasco, tal y como a día de hoy siguen negándose a hacer el recientemente excarcelado secretario general de Sortu y todos sus compañeros proetarras que ocupan desde hace años asiento en toda clase de instituciones españolas, así como en el Parlamento Europeo.
Los separatistas catalanes, en este sentido, siempre han mantenido una estrecha colaboración con separatistas vascos de todo pelaje, incluso con la propia organización terrorista, como quedó de manifiesto en Perpiñán, cuando se acordó una tregua de ETA limitada al territorio de Cataluña. No hay que extrañarse, por tanto, de que los separatistas quieran llevar esa nauseabunda colaboración a las instituciones, ni de que la encubran con los ropajes de un envilecedor apaciguamiento. Mas aun cuando el propio Parlamento catalán hace escasos meses protagonizaba un auténtico golpe de Estado institucionalizado al declarase en rebeldía frente al ordenamiento jurídico español a fin de crear un Estado Catalán independiente en forma de república.
Dice Arnaldo Otegi que va a Cataluña "a aprender". Y, ciertamente, los separatistas catalanes le pueden enseñar mucho a la hora de lograr impunidad y financiación para sus ilegales pretensiones secesionistas. La agenda separatista, que no catalana, ni siquiera catalanista, de Junqueras, de recibir por la mañana a Otegi y por la tarde al ministro Luis de Guindos sigue siendo, en este sentido, plenamente coherente, pues nunca hay que olvidar que el ilegal proceso de construcción nacional que se perpetra en Cataluña, con sus costosísimas redes clientelares y estructuras de Estado, no sólo requiere de impunidad sino de una ingente financiación extraordinaria.
Quienes se rinden, por tanto, a los separatistas vascos y catalanes son todos aquellos que, por no cumplir su deber de hacer cumplir la ley y evitarse el engorro de intervenir una comunidad autónoma en rebeldía, ya sea por razones legales, ya sea por razones financieras, están brindando financiación e impunidad a todo aquello que prometieron combatir.