La sesión parlamentaria vivida ayer en el Congreso ha vuelto a poner de manifiesto algo a lo que, lamentablemente, cada vez estamos más acostumbrados en España: la ausencia de la mayor parte de los diputados en las sesiones parlamentarias o la desfachatez de los nacionalistas a la hora de negar las discriminaciones lingüísticas que padecen muchos ciudadanos en las comunidades autónomas bilingües. Pero también el liderazgo de un pequeño partido político como UPyD en la defensa de derechos y libertades fundamentales como son los referidos al uso de la lengua.
La frecuente ausencia de la mayoría de los diputados en las sesiones parlamentarias supone un caso de inadmisible absentismo laboral que, con independencia de si provocan o no cambios inesperados en los resultados de las votaciones, constituye una degradación de un sistema esencialmente representativo como es el democrático. Y especialmente cuando discuten asuntos de tanta trascendencia como los tratados este martes a resultas de los intentos de UPyD de sacar adelante una ley contra la discriminación lingüística.
La de Rosa Díez ha sido una ilustrada y liberal defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos que no ha podido ser respondida, por parte de nacionalistas y socialistas, más que con insultos, burdas descalificaciones o simples negaciones de la realidad.
Así, Díez ha puesto de manifiesto desde el primer momento que la suya no era la defensa de lengua alguna –incluida la castellana o española–, sino una defensa de los únicos que pueden ser titulares de derechos: los ciudadanos. Ciertamente, y a diferencia de lo que sostienen los nacionalistas de todos los colores y tamaños, las lenguas no tienen derechos, los tienen las personas. Y las discriminaciones que sufren los castellanohablantes en muchas partes de España suponen una violación de derechos civiles elementales, que apenas tiene parangón en ningún otro país democrático.
Así Díez ha señalado "una realidad contrastada" como son las discriminaciones que sufren miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos en el sistema público o concertado; o las que padecen profesionales bien formados a la hora de acceder a cargos en la función pública que no requieren del conocimiento de la lengua cooficial para el perfecto desempeño de su función; o de las que soportan los ciudadanos que osan dirigirse a la Administración en la lengua común; o de las que sufren en sus comercios privados y en sus empresas quienes deciden utilizar exclusivamente la lengua común española.
Los nacionalistas, por su parte y como era de esperar, han acusado sin prueba alguna a Rosa Díez de "manipular" y "mentir", de "adulterar la convivencia para arañar un puñado de votos", y de otras lindezas, como las que también le ha dirigido el representante socialista, quien la ha acusado de "mantener prácticas de la concepción imperial de España".
A todos ellos les ha replicado Rosa Díez, no ya con argumentos, sino con elocuentes ejemplos extraídos de las liberticidas normativas de "normalización lingüística" de Cataluña, Pais Vasco o Galicia.
Los representantes del PP, por su parte, han sido fieles a los principios que tradicionalmente ha venido sustentando este partido y, esta vez sí, han respaldado la proposición de Rosa Díez. Sin embargo, no podemos dejar de lamentar la pérdida de pulso de esta formación a la hora de tomar iniciativas en este terreno y, sobre todo, el absentismo de muchos de sus diputados.