Una de las anomalías jurídico-políticas más graves del sistema constitucional es el mantenimiento de un sistema fiscal diferenciado para el País Vasco y Navarra. Para justificar semejante excepcionalidad, los padres de la Constitución se remitieron al acuerdo que puso fin a la última guerra carlista (1878); justificación a todas luces improcedente y que, en todo caso, subrayaba que se trataba de un privilegio para nada ancestral.
Mediante el cupo y el concierto, respectivamente, el País Vasco y Navarra contribuyen al sostenimiento financiero del sistema mediante el pago de una cantidad anual que, por otro lado, no refleja la realidad de los servicios que el Estado presta en esos territorios.
Así lo han demostrado de manera incontestable los estudios elaborados al respecto, en los cuales queda de manifiesto lo injusto de un modelo radicalmente contrario al principio de igualdad entre todos los españoles y que beneficia a vascos y navarros tanto como perjudica a los habitantes de las demás comunidades autónomas. Los datos son demoledores: en 2014, la financiación por habitante fue de 4.654 euros para el País Vasco y de 1.833 para Madrid, mientras que la media nacional se situó en los 2.000.
A pesar de todas las evidencias de que se trata de una discriminación injustificable, el Gobierno de Mariano Rajoy va a tratar de que el Congreso sancione esta burla al contribuyente para que los nacionalistas vascos respalden sus Presupuestos para el próximo ejercicio.
Sólo Ciudadanos ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad contra este permanente atentado contra la igualdad entre los españoles, anuncio que adquiere especial relevancia habida cuenta de la situación generada por el golpe de Estado separatista en Cataluña, al albur del cual se estarían barajando fórmulas igualmente intolerables para contentar a quienes han atacado tan gravemente a España y a sus instituciones, empezando por las que dan forma al autogobierno.
Un sistema político fundado en el concepto moderno de nación aglutinadora de ciudadanos libres e iguales no puede tolerar por más tiempo la existencia de un régimen fiscal tan perturbador de sus esencias. Ha llegado la hora de decir basta y de actuar en consecuencia, porque es lo justo y porque es inmoral sostener una injusticia para contentar a quienes, por otro lado, tienen por objetivo primordial la desintegración de España.