El presidente del Gobierno, en su entrevista del lunes en RTVE, despachó la deriva claramente separatista de la Diada señalando que España no estaba para "líos" y "algarabías". Pues bien, la multitudinaria manifestación secesionista que, bajo el lema "Cataluña, un nuevo Estado de Europa", ha colapsado este martes Barcelona constituye desgraciadamente algo más, mucho más, que un simple lío o una mera algarabía. Constituye un desafío secesionista en toda regla a la Nación y a la Constitución españolas alentado por el Gobierno autonómico de Cataluña, buena parte de cuyos miembros han tomado parte en él de forma activa.
Por si no fuera ya suficientemente elocuente la presencia en esta manifestación de la esposa de Mas, el propio presidente de la Generalidad ha vuelto a respaldar este multitudinario acto secesionista asegurando: "Todo lo que vaya en la línea de un proyecto catalán con mayúsculas, que tienda hacia la plenitud nacional de Cataluña, es nuestro proyecto". Tras calificar la manifestación de "un acto muy relevante en la línea de la transición nacional catalana", Mas se ha permitido amenazar al Gobierno de Rajoy respecto al llamado "pacto fiscal", asegurando que "si no hay acuerdo, el camino de Cataluña hacia la libertad está abierto".
Con la excepción de aquellas que cercenan sus gobernantes nacionales, las libertades de los ciudadanos catalanes son las mismas que las que tienen los demás españoles. Pero, al margen de esto, es evidente que ese pacto no abriría la puerta de la libertad, sino la de la secesión de Cataluña; el propio Mas reconoce que el invento "daría a Cataluña las herramientas que necesita para construir su futuro nacional".
Pero al margen de las contradicciones y los peligrosos delirios identitarios de los nacionalistas, nos parece innegable que la deriva separatista, lejos de ser frenada, está siendo alentada por la falta de firmeza y resolución de un presidente del Gobierno que parece ignorar que, además de una crisis económica, España padece una aun mayor crisis nacional e institucional. Y que ambas crisis, lejos de ser compartimentos estancos, están profundamente interconectadas.
Nos parece que un presidente del Gobierno de España digno de su cargo y consciente de la dramática responsabilidad histórica que le toca asumir llamaría hoy mismo al presidente de la Generalidad para cancelar la entrevista concedida para negociar ese mal llamado "pacto fiscal". Aunque un presidente del Gobierno de España a la altura de sus responsabilidades jamás habría accedido a perder un minuto de su tiempo en negociar esa "herramienta de construcción nacional" que, lejos de ser una solución, no haría más que agravar la crisis institucional y económica que padecemos.
El caso es que Rajoy no sólo no ha esperado a saber qué condiciones estaría Artur Mas dispuesto a cumplir a cambio de ese multimillonario rescate de 5.000 millones de euros que pide para la Generalidad, sino que se lo ha concedido aun cuando los gobernantes nacionalistas, que claman por la secesión, lo han exigido "sin condiciones". El presidente del Gobierno cree, sin embargo, que no es "momento de polémicas", como cree que la rebelión separatista en ciernes no pasa de simple "algarabía".
Por el contrario, nosotros creemos que es momento de coger el toro por los cuernos: si de algo tiene que hablar Mas con Rajoy es de qué va a hacer la Generalidad para controlar su desbocado déficit público y evitar así la intervención del Gobierno de la Nación, intervención que tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la Constitución permiten.
Es hora de que se alce un responsable y sensato muro de firmeza ante esta deriva secesionista. En caso contrario, no nos extrañe que los nacionalistas sigan profundizando cada vez que pinchan y notan blando.