No contento con la infame disposición del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de entregar 3.034 millones de euros adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la sediciosa Administración regional de Cataluña, el consejero de Economía de ésta, Andreu Mas-Colell, se permitía este martes amenazar al Gobierno de Rajoy con presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por la supuesta condicionalidad y fraccionamiento en el desembolso de dicho monto, del que el Gobierno entregaba hace unos días los primeros 345 millones. Además, el consejero nacionalista, en tono chulesco, se dirigió personalmente a la vicepresidenta Saenz de Santamaría ("en castellano para que me entienda") para exigirle que pagara de inmediato.
Ni que decir tiene que dicho recurso contencioso-administrativo no hubiera tenido recorrido alguno, por la sencilla razón que los Fondos de Liquidez Autonómica no son más que una financiación extraordinaria que el Gobierno reparte con absoluta discrecionalidad entre las ya de por sí bien nutridas comunidades autónomas; discrecionalidad de la que la Administración catalana viene siendo, además, la gran beneficiaria desde que inició su rebelión, en el año 2012.
En cuanto a la novedosa condicionalidad impuesta a esos 3.034 millones adicionales, que se suman a los 8.258 que el Gobierno de Rajoy ya ha desembolsado a la Generalidad a lo largo del 2015, no se trata más que de un artero maquillaje con el que el Ejecutivo central encubre el hecho de que sigue financiando, de manera indirecta pero decisiva, el proceso golpista y secesionista que se está produciendo en Cataluña desde 2012. Y esto es seguiría siendo así porque, aunque la Generalidad acreditase fehacientemente que hasta el último euro proveniente del FLA ha sido dedicado a servicios públicos esenciales –por ejemplo, el pago a farmacias–, lo único que quedaría acreditado es que la Administración autonómica está dedicando parte de sus cuantiosos recursos ordinarios no a esos servicios públicos esenciales, sino al oneroso proceso de construcción nacional.
No hay que olvidar que las comunidades autónomas, al margen de los fondos extraordinarios del FLA, ya manejan de manera ordinaria más porcentaje del dinero del contribuyente que ninguna otra Administración regional del mundo. Si pese a ello no tienen suficiente no es sólo por una cuestión de mala gestión, también porque incurren en gastos que desbordan sus competencias. El caso de Cataluña, con la abierta pretensión de crear un Estado propio en forma de República, es el más paradigmático.
Sentar las bases de un Estado propio y conseguir que una mayoría de catalanes deje de sentirse española, al margen de su obvia y radical inconstitucionalidad, cuesta mucho dinero. ¿Alguien se cree que la multitud de empresas deficitarias, fundaciones y demás chiringitos que tejen la red clientelar del secesionismo catalán la está sosteniendo el bolsillo de los separatistas? ¿Alguien se cree que las numerosas embajadas que Mas utiliza, según confesión propia, a la internacionalización del conflicto las paga de su bolsillo el presidente catalán? ¿Piensa alguien que el Consejo Asesor para la Transición Nacional –institución creada en 2012 y cuyas ilegales pretensiones no disimula ni en el nombre– lo sostienen voluntariamente los separatistas? ¿Y qué decir de la Agencia Tributaria propia, a la que la Diputación de Barcelona, a instancias de la CUP, va a empezar a pagar el IVA y el IRPF? ¿Y qué decir de la TV3, carísima maquinaria propagandística que los golpistas catalanes utilizan como "herramienta de construcción nacional"?
La única condición digna de tal nombre para conceder un solo euro más a la sediciosa Administración regional catalana, o para evitar su intervención al amparo del artículo 155 de la Constitución, sería la que ya era exigible en 2012: el solemne y público compromiso de la Generalidad de renunciar a sus ilegales pretensiones separatistas. Sin embargo, el único pronunciamiento institucional de la Generalidad que se ha escuchado este miércoles –día en que Montoro ha accedido vergonzosamente a pagar de una tacada el resto de esos 3034 millones que le exigían los separatistas– ha sido el de la vicepresidenta y portavoz Neus Munté, que se ha comprometido a seguir haciendo caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, empezando por la dictada este mismo miércoles.
Nunca un delito ha sido tan grave y tan financiado a cargo del contribuyente como este proceso secesionista catalán que está dejando en papel mojado todo el ordenamiento jurídico.