El clamor del cambio político en España ha topado con la agenda del presidente del Gobierno, perfectamente capaz de asimilar las reivindicaciones de la puerta del Sol y, al tiempo, de obviar las consecuencias y conclusiones de un resultado como el registrado el 22-M. Entre la "democracia real ya" que se resiste a dejar de hacer el ridículo y la democracia sin adjetivos (los votos, las urnas y la alternancia en el poder), Zapatero se aferra a la demagogia y el asamblearismo más primitivo. Ensimismado y obsesionado con agotar la legislatura a la espera de un improbable milagro económico y una foto con ETA, ha dejado claro que por su cabeza no pasa la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones, pese a que los principales indicadores económicos reflejan su encastillamiento como otro palo en la rueda de la recuperación.
Tal vez no haya tenido tiempo de digerir la abrumadora moción de censura de las urnas, el inapelable rechazo electoral que suscita su figura, el suspenso sin paliativos a una gestión lamentable, el final de un ciclo y una herencia catastrófica, con cinco millones de parados (de momento) y el asalto a las instituciones vascas por parte de los proetarras. El descrédito económico, político y judicial de España es de tales dimensiones que Zapatero será el primer presidente de la democracia que entregará a su sucesor un país mucho peor de como lo encontró y definitivamente tocado respecto a su integridad territorial merced a dos de sus grandes operaciones: el Estatuto de Cataluña y la legalización de la última marca batasuna.
Zapatero no debería permanecer más tiempo en la Moncloa que el necesario para que su partido sustancie el relevo en un proceso de primarias que promete emociones fuertes, por lo que en otoño tendría que haber elecciones anticipadas en España. En cuanto al PP, hace bien su líder, Mariano Rajoy, al exigir austeridad y rigor a los nuevos presidentes autonómicos, alcaldes y concejales. El mismo rigor que debería aplicarse él para hacer frente a la amenaza que supone Bildu en los ayuntamientos vascos, al reto que plantea la agrupación de fuerzas nacionalistas y socialistas en el País Vasco y en menor medida en Cataluña. Rigor también a la hora de mostrar, de una vez, el programa económico con el que el PP pretende tomar las riendas de España y desatascar la salida de la crisis. Y austeridad para gestionar una victoria que no es un voto en blanco para ejercer una oposición tranquila, demasiado tranquila para muchos. Es la hora de aportar soluciones y afrontar los problemas al margen de plazos, agendas y calendarios; de aprovechar la oportunidad que presenta un apoyo electoral masivo.
Como primera providencia, la auditoría sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos que a partir de ahora gobernará el PP presenta ya algunos indicios muy ilustrativos, como la quema de documentación municipal que obligó a intervenir a la Guardia Civil en el Ayuntamiento onubense de Valverde del Camino. Es más que probable que los cajones de estas administraciones estén plagados de impagados y pufos de todo tipo y condición y sería más que conveniente que el PP asuma medidas como un ajuste radical de la dimensión y número de las administraciones locales y autonómicas. Y eso, sólo para empezar.