Como viene siendo habitual, cada último sábado del mes de junio los habitantes de las principales capitales de Occidente asisten a diversas manifestaciones denominadas de forma breve "Orgullo Gay". Ni la Alianza de Civilizaciones ni el multiculturalismo han conseguido exportar este fenómeno más allá de Estados Unidos y países anglosajones, Europa continental y algunas naciones iberoamericanas. Este acto reivindicativo encuentra dificultades en Rusia y algunos otros estados de Europa del Este como consecuencia de la congelación, cuando no exacerbamiento, de ciertos prejuicios producidos por el comunismo, como por ejemplo la discriminación por razón de orientación sexual producidos por el comunismo.
La conocida popularmente como "Fiesta del Orgullo" ha devenido en una gran juerga en la que decenas de miles de personas, cientos de miles este año con ocasión de la celebración en la capital de España del Euro Pride, conmemoración paneuropea del "Orgullo", aprovechan para trasnochar en el céntrico barrio de Chueca, beber en la calle y disfrazarse en una especie de carnaval veraniego.
Paralelamente a este fenómeno, este acto, que en sus inicios en Barcelona y Madrid exigía derechos civiles básicos como el fin de la violencia contra los homosexuales y la implicación del Estado y la sociedad civil en la denuncia de los casos de discriminación, pasó a finales de los años noventa del siglo XX a ser una exigencia de reforma legal que permitiera a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo el derecho a testar a favor del conviviente, así como el reconocimiento de pensiones en caso de fallecimiento de uno de sus miembros. Desde un punto de vista liberal, la libertad de testar y la abolición de la figura de los "herederos legítimos", rémora del intervencionismo napoleónico, son reivindicaciones que trasciende las exigencias de los homosexuales.
Sin embargo, junto a estas reclamaciones legítimas, el movimiento asociacionista gay ha ganado en radicalidad, politización y sumisión a la agenda política de la izquierda, especialmente la más radical, que en pocos años pasó de sugerir la supresión de la homosexualidad como vicio burgués a plantear una revolución social con los gays y lesbianas como su punta de lanza. Así, de la petición de una ley de parejas, propuesta aceptada a partir de 2004 tanto por el PP como por el PSOE –especialmente interesante fue el proyecto del PP, ya que limitaba la capacidad del Estado para regular la convivencia afectiva, solidaria y en cierto punto semejante a la marital entre dos personas no unidas por lazos de consanguinidad de primer grado– pasamos al matrimonio gay en su modalidad más radical, aquella que modifica la definición de pareja y familia y homologa todo tipo de uniones bajo una misma denominación.
Por desgracia, las organizaciones de gays y lesbianas españoles, cooptadas por la izquierda y convertidas en auténticas correas de transmisión del socialismo y el comunismo revolucionarios, han demostrado una nula capacidad de negociación con aquellos sectores que veían con recelo la concesión de derechos a las parejas gays. En vez de llegar a una solución de consenso, tal y como ha ocurrido en la mayoría de los países europeos que han afrontado esta reforma, la táctica seguida por la generosamente subvencionada izquierda extrema gay, ha consistido en el constante vituperio y cruel e injusta estigmatización de todo aquel que se ha atrevido a plantear objeciones al matrimonio gay. Comenzando por la Iglesia y terminando con este medio, que siempre ha defendido, a veces en solitario, los derechos individuales y la libertad entendidos como principios universalizables, algo que menudo olvidan los llamados "progresistas", el término "homófobo" se ha estirado hasta perder su auténtico significado. Por su parte, el Partido Popular tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y no supo explicar a la ciudadanía en qué consistía su alternativa. La desastrosa intervención del "experto" Aquilino Polaino en el Senado será recordada como uno de los mayores errores recientes del partido liderado por Mariano Rajoy.
En estas circunstancias, y con un recurso pendiente ante el Tribunal Constitucional que podría significar la modificación de la ley de 2005, es un buen momento para que los gays y lesbianas españoles se planteen si su actual sumisión a los designios de los sectores más radicales de la izquierda, incluida por desgracia la proetarra en el País Vasco y Navarra, representa sus intereses como ciudadanos y minoría objeto de una larga y ominosa historia de discriminación y maltrato. No estaría de más que los homosexuales reflexionaran sobre el hecho de que hasta la fecha el único sistema político que ha garantizado los derechos de las minorías es la democracia liberal en una economía de mercado. Por no mencionar el triste hecho de que los actuales portavoces del "movimiento lgtb" (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) constituyen una oligarquía de hierro nacida al albur del dinero público y algunas alianzas anti-natura, como la que muchos de ellos mantienen con países como Cuba y diversos grupos islamofascistas.
Una vez normalizado el hecho homosexual en España, convendría que el "movimiento gay" también se modernizara, democratizara y occidentalizara y así redundara en un reforzamiento de la Sociedad Civil, y no en un nido de sectarismo y radicalismo, equivalente al secuestro de la voz de una colectividad por individuos resentidos y frustrados. Ganemos todos, y no sólo unos pocos, que raramente son precisamente los mejores.
