Ajenos a los problemas reales de los ciudadanos, los políticos catalanes van a dedicar sus mejores esfuerzos legislativos en acabar con una tradición cultural que en ningún otro lugar supone un problema que el Estado deba regular de forma coactiva.
Los políticos de todos los partidos tienen una tendencia natural a intervenir en los asuntos privados de los ciudadanos, pero en el caso de la izquierda y los nacionalistas esta propensión se exacerba hasta llegar a extremos ridículos, como está ocurriendo con la polémica desatada en torno a las corridas de toros en Cataluña.
Si la iniciativa legislativa popular que esta semana fue admitida a trámite en el parlamento catalán sale adelante y es finalmente aprobada, las corridas de toros quedarán terminantemente prohibidas en el territorio de la comunidad autónoma catalana. La consecuencia inmediata será que proliferen los festejos en las ciudades que limitan con Cataluña y los beneficios que produce la Fiesta Nacional irán a otros bolsillos, porque la sociedad civil elude siempre de un modo u otro las prohibiciones estatales utilizando el sentido común y la capacidad empresarial innatos en todo ser humano. Los catalanes podrán seguir disfrutando de la fiesta taurina pero dejando los beneficios en otros bolsillos, algo que a la clase política catalana parece tenerle también sin cuidado.
Vaya por delante nuestro respeto hacia los que, por cuestiones de orden moral, se declaran contrarios a las corridas de toros, los cuales tienen perfecto derecho a expresar su rechazo por métodos pacíficos; pero, al tiempo, exigimos el mismo respeto a los varios millones de españoles que consideran la fiesta taurina una tradición nacional y disfrutan de ella en prácticamente todo el país.
Es quizás en esta última clave, su arraigo compartido en casi toda España, en la que hay que situar los esfuerzos legislativos de un parlamento autonómico dominado por la ideología nacionalista, para el que cualquier expresión cultural española resulta inadmisible en su tarea de “construcción nacional”. Lo acredita el hecho de que mientras que el sentimiento antitaurino está ampliamente repartido por nuestra geografía, sólo en Cataluña, junto a Canarias, donde la tauromaquia nunca ha tenido arraigo popular, los políticos se muestran decididos a suprimir las corridas de toros, que tanta afición concita entre muchos catalanes, incluidos algunos políticos que, hipócritamente, anteponen ahora otros intereses a la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a qué tipo de espectáculo público quieren acudir.
Por otro lado, si se trata de evitar el sufrimiento de un animal para diversión del pueblo, no se entiende que la iniciativa antitaurina haya dejado al margen el espectáculo de los “correbous”, típico de muchas poblaciones catalanas, en el que el toro es atado a un poste para colocarle antorchas en los pitones, y más tarde verle correr despavorido por su temor natural al fuego mientras las brasas le caen en los ojos como tortura añadida. Un espectáculo, indudablemente, mucho más cruel con el animal que la lidia tradicional, sometida a un ritual perfectamente delimitado y de obligado cumplimiento para los matadores.
Ajenos a los problemas reales de los ciudadanos, los políticos catalanes van a dedicar sus mejores esfuerzos legislativos en acabar con una tradición cultural que en ningún otro lugar supone un problema que el Estado deba regular de forma coactiva. Los desempleados catalanes y los empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios tienen de esta forma un motivo más para sentirse “orgullosos” de su clase política.
