"Pagar por no ver". Así podría denominarse la nueva Ley de Cine que tramita el Gobierno y que, según ha adelantado este miércoles el ministro de Cultura, César Antonio Molina, obligará a los contribuyentes españoles a destinar 85 millones de euros a subvencionar una cinematografía que, como la nacional, cuenta cada vez menos con el favor del público.
Está visto que, como entre las 25 películas más vistas por los españoles en lo que va de año, no se encuentra una sola producción nacional, al Gobierno de Zapatero no le se le ha ocurrido otra cosa que dar una nueva vuelta de rosca al exprimido bolsillo del contribuyente y destinar otros 18 millones a los 67 con los que ya dotó al llamado "Fondo de protección" en el ejercicio anterior. Y eso, por no hablar de otras privilegiadas y liberticidas medidas que contempla esta "ley", como una cuota de pantalla por la que obligatoriamente las salas tendrán que proyectar una película española o europea de cada cuatro exhibidas.
Aunque el ministro Molina haya querido edulcorar semejante abuso como "una forma de atraer, con imaginación y rigor, a los ciudadanos al cine español", de lo que se trata, simplemente, es de echar mano a su bolsillo, para favorecer de forma coactiva a un sector que no pocas veces –eso sí– ha ejercido de vocero propagandístico del Gobierno.
A la vista está que todas estas cuotas de pantalla e incremento de subvenciones no sólo no están "atrayendo" a los espectadores al cine español –por lo general, zafio, aburrido y mediocre–, sino que nos está haciendo tomar a muchos de sus representantes como lo que son: unos caraduras que sólo pretenden vivir a costa de los demás y que, encima, se permiten insultar y poner en duda los criterios culturales de los ciudadanos que libremente les dan la espalda cuando deciden ir a ver una película.
