Es conocida la cantilena con la que los gobernantes autonómicos –no sólo los nacionalistas– se quejan de la supuesta falta de financiación de sus respectivas comunidades. Lo cierto, sin embargo, es que las Administraciones regionales se quedan con un porcentaje del dinero recaudado a los ciudadanos muy superior al que manejan las de los países de nuestro entorno, incluidos los Estados federales. Así lo señala el último informe publicado por la OCDE, que cifra en el 32,2% el porcentaje de los ingresos fiscales que gastan las autonomías. Sólo las Administraciones regionales canadienses, entre los 32 países analizados, gastan más. Frente a ellas, la Administración central sólo controla el 22,3% del dinero recaudado vía impuestos, el menor porcentaje entre todos los países de la OCDE. Por su parte, la Seguridad Social acapara el 35,1%, mientras que las Administraciones locales y supranacionales se quedan, respectivamente, con el 9,9 y el 0,4% del dinero recaudado en España.
Para hacerse una mejor idea del peso de las Administraciones regionales en España: las autonomías gestionan un porcentaje de ingresos superior en cerca de un 50% del de los cantones suizos, los länder alemanes o los estados de EEUU.
Ante estos datos, ¿cómo no va a estar sobredimensionada la Administración regional en España, y cómo no van a jugar sus gobernantes a crear 17 Miniestados, si manejan más dinero que la propia Administración central? ¿Cómo no van incluso a endeudarse, si es también la Administración central la que avala su deuda? ¿Cómo no lo van hacer si el demencial sistema autonómico les exime de la impopularidad de fijar y recaudar la mayoría de los impuestos mientras les concede el atractivo de ejecutar la mayor parte del gasto?
El problema de España no es tanto su excesiva descentralización –muy relativa, por cierto, si tenemos presente el centralismo autonómico– como una confusa y variable distribución de competencias entre los diferentes niveles de la Administración y una mala descentralización que lleva a las autonomías a competir no por una mejor gestión sino por un mayor gasto. Si a eso se añade que el nacionalismo de algunos gobernantes autonómicos les impulsa a crear un Estado propio para escindirse de España, cabe concluir que el sistema autonómico, tal y como está diseñado, ha contribuido decisivamente a la ingobernabilidad y a la crisis económica y nacional.
Bueno sería que se tuviera presente ahora que algunos hablan de reformar la Constitución, no para suprimir las perturbadoras concesiones que en ella se hicieron a los nacionalistas, sino para incidir en el error de tratar de contentar a los que no se van a contentar.